Pesca

[Tramontana]

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie creado por Orden APA/2521/2006, de 27 de julio.


Resolución de 26 de enero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.

[Tramontana]

Orden AAA/158/2012, de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de equipos de localización de buques pesqueros vía satélite.

[Tramontana]

Orden AAA/338/2012, de 23 de febrero, por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.

Orden AAA/339/2012, de 23 de febrero, por la que se convocan ayudas por paralización temporal a los tripulantes de buques afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.

[Tramontana]

El nuevo acuerdo UE-Mauricio permitirá faenar tres años a los atuneros españoles
Baja 1.000 toneladas la cuota anual de pesca de la flota comunitaria y la deja en 5.500

Después de cinco años en suspenso, la UE y el gobierno de la república africana de Mauricio acaban de suscribir un nuevo acuerdo pesquero que tendrá vigencia por tres años y del que se estima que se podrán beneficiar una veintena de barcos de la flota atunera española que faena en el Indico –casi en su totalidad del País Vasco aunque con tripulación gallega–, además buques franceses y la portugueses.
El nuevo acuerdo se centra especialmente en garantizar la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros además de en el desarrollar el sector pesquero de Mauricio, según la información de la Comisión Europea.
El pacto, suscrito a finales de la pasada semana en Port Louis, establece las posibilidades de pesca y las condiciones que estarán en vigencia durante tres años, y fija una contribución financiera total de 1,98 millones de euros por parte de la UE, a razón de 660.000 euros anuales. De la suma anual, 357.500 euros se destinan a derechos de acceso a la pesca equivalentes a un tonelaje de referencia de 5.500 toneladas –1.000 toneladas menos que la establecida en el anterior pacto–; y 302.500 euros para el apoyo y la aplicación de una política para el sector de la pesca de Mauricio y acciones para promover la pesca sostenible.
Además de basarse en el asesoramiento científico para asegurar la sostenibilidad de las poblaciones, el acuerdo tiene en cuenta los intereses de los pescadores artesanales y, así, para evitar posibles efectos adversos sobre las actividades pesqueras a pequeña escala –la pesca artesanal local–, se establece que la flota de la UE solo podrá pescar más allá de 15 millas náuticas de la línea de costa (12 millas en el protocolo anterior).
También se establece el embarque de 10 marineros mauricianos en los pesqueros comunitarios cuando faenen en aguas de Mauricio.
Tras el acuerdo alcanzado, la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Maria Damanaki, valoró el acuerdo como "un hecho muy positivo" e indicó que "tras un lapso de cinco años en nuestra relación bilateral en el sector de la pesca, ahora contamos con un sólido marco jurídico que garantice la sostenibilidad y un enfoque basado en la ciencia".
Tres años
El Protocolo tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, es decir, una vez que ambas partes concluyan sus procedimientos legislativos correspondientes y se los notifiquen mutuamente.
El anterior acuerdo establecía licencias para 22 atuneros españoles, del total de los 41 comunitarios autorizados a faenar en esas aguas. Asimismo, se fijaban licencias para 19 palangreros de superficie.
La flota española de este sector, dedicado sobre todo a la captura de pez espada y túnidos, en su práctica totalidad con base en los puertos de Vigo y A Guarda, prácticamente no venía haciendo uso de sus posibilidades de pesca en Mauricio, según aseguraron ayer a este diario fuentes del sector, que señalaban la lejanía del caladero africano como una de las razones de la infrautilización de los permisos.

FARO de VIGO

[Tramontana]

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

[Tramontana]

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO.

[Tramontana]

España pierde desde 2008 más de 30 barcos de gran altura, la mayoría gallegos
El país tiene más de la mitad de la flota comunitaria de larga distancia, que se redujo más de un 50% desde 1986

De los 718 buques de gran altura o larga distancia con que contaba la flota de Unión Europea (UE) hace poco más de tres años, en 2008, en la actualidad quedan activos 650 buques. De tal cantidad, más de la mitad son españoles y, de ellos, la mayor parte gallegos, además de vascos, andaluces y canarios, aunque en este último caso muchos de ellos son también de empresas armadoras de capital gallego.
Tales son los datos aportados a este diario por la gran patronal pesquera española Cepesca, que asegura también que en los últimos años y, más concretamente, desde la entrada de España en la UE la flota comunitaria de larga distancia se ha reducido en más del 50%. Y ello, señala, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, por la extinción de acuerdos de pesca con terceros países –Marruecos o Angola, como más emblemáticos– y por los recortes y las limitaciones de pesca impuestos en determinadas áreas marinas y pesquerías por los organismos que las regulan, como Nafo para el caso del Atlántico Noroccidental o Neafc para el Atlántico Noreste.
De las estimaciones y cálculos aportados por el portavoz y dirigente de Cepesca –al tiempo que presidente de la patronal pesquera comunitaria Europeche–, se desprende que de los casi 70 buques que perdió la flota comunitaria desde 2008, más de la mitad, es decir, más de 30 serían españoles y, de ellos, en su mayor parte, de puerto o capital gallego y, particularmente, del área viguesa y las Rías Baixas.
Garat explicó que este segmento de la flota comunitaria que faena en terceros países realiza el 20% de las capturas de toda los buques pesqueros de la UE, la gran mayoría destinada al mercado europeo. Cerca de la mitad de esta flota faena al amparo de acuerdos de asociación pesqueros suscritos entre la UE y terceros países; un centenar de barcos lo hacen con licencias privadas en unos 15 Estados de todo el mundo y otra gran parte lo hace en aguas de alta mar bajo el amparo y el control de las ORPs (Organizaciones regionales de Pesca). Mientras, otros 300 buques de larga distancia operan con empresas mixtas en aguas de 26 países terceros.
Tales datos fueron aportados hace solo unos días en Bruselas por la patronal pesquera en la reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Regional de la Flota de Larga Distancia (LDRAC) para analizar la denominada dimensión externa de la Política Pesquera Común, en la que participaron el Comité Económico y Social Europeo y el Parlamento Europeo para analizar el planteamiento de la CE acerca de este asunto con motivo de la reforma pesquera en marcha.
Garat abogó por los acuerdos de la UE con terceros países, que para la flota comunitaria "no son subvenciones porque los armadores aportan hasta 150.000 euros al año en pago por cánones o licencias de pesca".
Así, indicó que tales pactos deben ser considerados "una herramienta comercial más y las contrapartidas financieras como fondos de desarrollo coherentes con el conjunto de las políticas comunitarias que redunden en beneficio de los Estados ribereños y contribuyan a una mejora de la gestión de sus recursos".
Además, Garat recordó que la flota española comparte la defensa de los Derechos Humanos a nivel mundial y pidió también a la UE que en los acuerdos pesqueros "esta cláusula sea coherente con los criterios con que se aplica al resto de políticas comerciales y de cooperación llevadas a cabo por la CE".
Demandas
Asimismo, la flota pide a la Comisión Europea "mayor implicación del sector en la negociación de los acuerdos, simplificación de los procesos burocráticos de tramitación de licencias, excepciones muy concretas en la cláusula de exclusividad, la negociación de unas condiciones técnicas adecuadas para la flota afectada y acceso prioritario a los excedentes de pesca de los terceros países".
Finalmente, Garat defendió en Bruselas los derechos históricos como criterio prioritario en el reparto de las posibilidades de pesca en las organizaciones regionales de pesca.

FARO de VIGO

[Tramontana]

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.

[Tramontana]

Orden AAA/710/2012, de 9 de abril, por la que se extiende a los productores no miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Pesca del Cantábrico, determinadas normas orientadas a la mejora de la sostenibilidad de jurel, en las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco.

[Tramontana]

Orden AAA/733/2012, de 10 de abril, por la que establece una veda temporal para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral de Cataluña.

[Tramontana]

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros.

[Tramontana]

Orden AAA/1359/2012, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles, y la Orden ARM/3201/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación del equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles.