La Comisión Europea ha emitido una Nota de Prensa donde adopta dos decisiones que recomiendan el fin de las ventajas fiscales de los puertos en Italia y España para 2020.
La propuesta en dos decisiones separadas pide que Italia y España ajusten sus impuestos a los puertos con las normas sobre ayudas estatales e indica que La Comisión mantiene su compromiso de garantizar la igualdad de condiciones en toda la UE en este sector económico clave.
Las actividades no económicas, como el control del tráfico marítimo y la seguridad en el ámbito anglosajon del Safety o la lucha contra la contaminación, son competencia de las autoridades públicas. Dichas actividades públicas están fuera del alcance del control de las ayudas estatales de la UE.
La comisaria Margrethe Vestager , a cargo de la política de competencia, dijo: “Los puertos son una infraestructura clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por eso las normas de la UE sobre ayudas estatales brindan un amplio espacio para que los Estados miembros apoyen e inviertan en los puertos. Al mismo tiempo, para garantizar una competencia justa en toda la UE, los puertos que generan beneficios de las actividades económicas deberían pagar impuestos de la misma manera que otras empresas, ni más ni menos “.
En España, los puertos están exentos del impuesto sobre la renta de las empresas en sus principales fuentes de ingresos, como las tarifas portuarias o los ingresos por contratos de alquiler o concesión. En el País Vasco, los puertos están totalmente exentos del impuesto de sociedades.
En abril de 2018, la Comisión informó a Italia y España de sus preocupaciones con respecto a sus regímenes para la tributación. La Comisión considera que, tanto en Italia como en España, los regímenes fiscales existentes otorgan a los puertos una ventaja selectiva que puede infringir las normas de la UE sobre ayudas estatales.
La Comisión ha invitado a Italia y España a adaptar su legislación para garantizar que los puertos, a partir del 1 de enero de 2020, paguen el impuesto de sociedades de la misma manera que otras empresas en Italia y España, respectivamente. Cada país tiene ahora dos meses para reaccionar.
Las decisiones siguen a las decisiones recientes de la Comisión que requieren que los Países Bajos , Bélgica y Francia eliminen las exenciones del impuesto de sociedades para sus puertos.
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