La Dirección General de la Marina Mercante autorizó a un astillero de Cabana de Bergantiños (A Coruña) a botar un pesquero sometido a una reforma irregular que varió su arqueo (volumen) y su estabilidad y que lo ha convertido, según el área de Inspección de la Capitanía Marítima de A Coruña, en un buque peligroso.
El Narducho, un pesquero de 13,50 metros de eslora total destinado a la pesca de bajura, se construyó en el astillero Roseva de Cabana de Bergantiños entre febrero y septiembre. Durante esos siete meses, los inspectores de la Capitanía Marítima coruñesa denunciaron ante sus superiores numerosas irregularidades en el proceso de construcción del buque, que fue reformado sobre la marcha con el objetivo, según las conclusiones de los funcionarios, de incrementar de forma aparente el volumen de una embarcación que con sus dimensiones reales no hubiera superado satisfactoriamente las pruebas de estabilidad. La estabilidad determina en buena parte si un buque es o no seguro para la navegación. Los responsables de Marina Mercante no sólo no hicieron caso a las denuncias de los funcionarios, sino que permitieron que el barco fuese botado para salir a faenar en el litoral de Ferrol.
Altos cargos de Marina Mercante -Administración que depende del Ministerio de Fomento y se encarga de velar por la seguridad marítima- intervinieron en un proceso que la ley reserva a los inspectores marítimos para agilizar la construcción del Narducho y facilitarle los certificados de navegabilidad y arqueo, en contra del criterio de los inspectores de la Capitanía de A Coruña, que consideran que el volumen que figura en los documentos de la embarcación es falso y que no está acreditado que se haya revisado el eje de cola -la pieza que transmite el movimiento del motor a la hélice- como establece la legislación.
El capitán marítimo, Gustavo Ortega, aseguró en declaraciones a este diario que la embarcación tiene "toda la documentación en regla" y que fue reconocido por "inspectores de la Administración marítima totalmente cualificados y acreditados", aunque admitió que algunos vinieron comisionados de la Capitanía de Ferrol o de la Dirección General de la Marina Mercante "por circunstancias especiales". Ortega advierte sin embargo que si el astillero ha cometido una irregularidad, todavía puede perseguirse porque no prescribe "hasta dentro de tres años".
Los problemas derivados de la construcción del Narducho comenzaron poco después de que Roseva la iniciase, en febrero pasado. El reglamento de Inspección y Certificación de Buques establece que los astilleros deben solicitar una autorización administrativa a la Capitanía Marítima antes de iniciar la construcción de cada embarcación. La solicitud debe ir acompañada de un proyecto constructivo realizado por un ingeniero naval y visado por el colegio profesional al que pertenezca. El proyecto es sometido al control de los inspectores, que informan al capitán marítimo para que decida si lo aprueba. Cualquier modificación en el proyecto de construcción debe pasar los mismos controles que el proyecto inicial.
El Narducho comenzó a construirse en Roseva después de que la capitanía coruñesa autorizase el proyecto diseñado por la empresa Proyectos Navales Ferrol. Los inspectores visitaron el astillero a principios de abril para revisar el buque y comprobaron que el Narducho del varadero presentaba variaciones sobre el proyecto aprobado que afectaban a su volumen y a su estabilidad. Los funcionarios interrumpieron la inspección e informaron a sus superiores de que el astillero había modificado el plan de obra sin solicitar permiso, lo que, de acuerdo a la ley, es sancionable.
El director de Roseva, Manuel Romero Senande, no entregó el proyecto de reforma que incluía las modificaciones ya realizadas hasta el 24 de abril, pero tras meses de trámites e informes, fue aprobado por el capitán marítimo en contra del criterio de los inspectores. La decisión de Gustavo Ortega estuvo avalada sin embargo por un informe del Subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, Alfredo de la Torre, quien ordenó a José Ramón Carmona, inspector de la Capitanía de Ferrol, que reconociese el buque.
El área de Inspección de la capitanía coruñesa y el astillero tenían opiniones contrapuestas sobre si el comedor del barco era un espacio habitable para la tripulación y si, consecuentemente, debía ser considerado a la hora de calcular el arqueo del buque: Mientras la Inspección se apoyaba en el reglamento de arqueo de 1909 para argumentar que con 1,55 metros de altura, el comedor era demasiado bajo para considerarse albergue de la tripulación, el astillero se basaba en otra norma para argumentar que al ser un barco de bajura no tenía por qué contar con espacios para la tripulación. Marina Mercante dio la razón al astillero y permitió que el comedor fuese incluido en el cálculo de arqueo, lo que, sobre el papel, convirtió al Narducho en un barco de más de veinte toneladas, preparado para superar satisfactoriamente las pruebas de estabilidad; experiencia que no habría superado si se le aplicasen los parámetros para un barco de menos de veinte toneladas.
Las modificaciones del barco fueron aprobadas, pero el debate sobre el cálculo de arqueo se mantuvo entre los inspectores y los responsables de la capitanía y de Marina Mercante cuando el astillero solicitó permiso para botar el buque. El subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos ordenó a los inspectores que realizasen las pruebas de estabilidad al buque como si fuera de más de veinte toneladas, orden que los funcionarios aceptaron aunque hicieron constar de nuevo su desacuerdo.
La última vez que los inspectores de capitanía vieron la embarcación de Roseva intentaron sin éxito revisar el eje de cola y el ajuste de la hélice, tras lo que hicieron constar de nuevo que la legislación obligaba a realizar una revisión de estos elementos del barco que ya era imposible reconocer por su avanzado estado de construcción. El capitán marítimo consultó a sus superiores y Alfredo de la Torre, eximió de nuevo al Narducho de esta comprobación para recomendar a renglón seguido que se observase si funcionaba correctamete durante las pruebas de mar del barco previas a su entrega al propietario.
Las advertencias del jefe del área de Inspección de la capitanía sobre la conveniencia de sancionar las irregularidades cometidas por Roseva y sus objeciones a los cálculos e interpretaciones de la ley que hacían sus superiores no fueron rebatidas por ninguno de los altos cargos o inspectores que intervinieron en el proceso. Pero Marina Mercante decidió comisionar a funcionarios enviados expresamente desde Madrid para revisar el estado del Narducho antes de expedir los certificados de navegabilidad y arqueo.
Estos documentos, que, de acuerdo a la legislación sobre inspección y certificación de buques, deben ser firmados por los inspectores de la capitanía, fueron rubricados en este caso por el subdirector general adjunto de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, Eliseo Carlos Miranda, y por su superior, Alfredo de la Torre. Los altos cargos de Marina Mercante apartaron así a los funcionarios de la Capitanía Marítima de A Coruña del astillero Roseva sin haber emitido antes una resolución administrativa o un recurso de alzada que justificase de forma legal su exclusión en este asunto.
NUEVO ESCANDALO EN MARINA MERCANTE
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fenix2005
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fenix2005
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Astilleros Roseva construyó al menos otros cuatro barcos de forma irregular en los últimos tres años. El caso del Narducho, un pesquero que la Dirección General de la Marina Mercante permitió botar a finales de septiembre pese a que tenía fallos de estabilidad.
Es el último, pero no el único. Antes de empezar a construir este buque, el astillero de Cabana de Bergantiños (A Coruña) fabricó otros cuatro con un proceso similar: Logró que Capitanía Marítima autorizase un proyecto de construcción que fue variando a medida que avanzaba la obra y luego acudió a la Administración para conseguir un permiso que le permitiese entregar el buque a su propietario.
Así ocurrió con el buque Suárez e Fillos, construido en 2003; con el Segundo Foca (2004); el Anlumar, de 2005 o el Montecristo II, que fue botado a primeros de este mismo año.
En todos estos casos, los inspectores descubrieron durante una revisión que el astillero había decidido modificar el proyecto de obra durante el proceso de construcción sin haber obtenido antes permiso de Marina Mercante. En los cuatro casos, las modificaciones a los proyectos fueron aprobadas por el capitán marítimo a posteriori.
Los responsables de velar por la seguridad marítima tampoco sancionaron en estos casos a Astilleros Roseva, pese a que el reglamento de inspección y certificación de buques civiles define esta práctica como una infracción grave.Amenazas e insultos
Los inspectores marítimos también denunciaron a finales de los noventa modificaciones irregulares de proyectos constructivos en otros cuatro barcos fabricados por Roseva, pero Marina Mercante nunca expedientó a esta empresa. Astilleros Roseva siempre tuvo una relación especial con Capitanía Marítima.
En julio de 2004, tras la inspección al Segundo Foca, dos inspectores denunciaron ante el entonces capitán marítimo, Francisco Suárez-Llanos, que habían sido insultados y amenazados por el personal de Astilleros Roseva, lo que llevó a Suárez-Llanos a recordarle al dueño del astillero que los inspectores tenían consideración de autoridad pública.
Ya en 1999 otro inspector fue amenazado por el armador del Pedra da Plata, un pesquero construido en Roseva que generó un conflicto entre el astillero, el armador y la capitanía al considerar el funcionario que el volumen del buque que había calculado el astillero no se correspondía con el arqueo real.
La Fiscalía investigó en 2000, cuando el capitán marítimo era el ex presidente del Puerto de Ferrol, Ángel del Real, -RELACIONADO CON EL NAUFRAGIO DEL PRESTIGE-a una denuncia por un intento de soborno a un inspector de la Capitanía Marítima que recibió un sobre con dinero dentro de la carpeta del proyecto de construcción del Eugenio Tercero, encargado por el entonces patrón mayor de Malpica a Astilleros Roseva.
Es el último, pero no el único. Antes de empezar a construir este buque, el astillero de Cabana de Bergantiños (A Coruña) fabricó otros cuatro con un proceso similar: Logró que Capitanía Marítima autorizase un proyecto de construcción que fue variando a medida que avanzaba la obra y luego acudió a la Administración para conseguir un permiso que le permitiese entregar el buque a su propietario.
Así ocurrió con el buque Suárez e Fillos, construido en 2003; con el Segundo Foca (2004); el Anlumar, de 2005 o el Montecristo II, que fue botado a primeros de este mismo año.
En todos estos casos, los inspectores descubrieron durante una revisión que el astillero había decidido modificar el proyecto de obra durante el proceso de construcción sin haber obtenido antes permiso de Marina Mercante. En los cuatro casos, las modificaciones a los proyectos fueron aprobadas por el capitán marítimo a posteriori.
Los responsables de velar por la seguridad marítima tampoco sancionaron en estos casos a Astilleros Roseva, pese a que el reglamento de inspección y certificación de buques civiles define esta práctica como una infracción grave.Amenazas e insultos
Los inspectores marítimos también denunciaron a finales de los noventa modificaciones irregulares de proyectos constructivos en otros cuatro barcos fabricados por Roseva, pero Marina Mercante nunca expedientó a esta empresa. Astilleros Roseva siempre tuvo una relación especial con Capitanía Marítima.
En julio de 2004, tras la inspección al Segundo Foca, dos inspectores denunciaron ante el entonces capitán marítimo, Francisco Suárez-Llanos, que habían sido insultados y amenazados por el personal de Astilleros Roseva, lo que llevó a Suárez-Llanos a recordarle al dueño del astillero que los inspectores tenían consideración de autoridad pública.
Ya en 1999 otro inspector fue amenazado por el armador del Pedra da Plata, un pesquero construido en Roseva que generó un conflicto entre el astillero, el armador y la capitanía al considerar el funcionario que el volumen del buque que había calculado el astillero no se correspondía con el arqueo real.
La Fiscalía investigó en 2000, cuando el capitán marítimo era el ex presidente del Puerto de Ferrol, Ángel del Real, -RELACIONADO CON EL NAUFRAGIO DEL PRESTIGE-a una denuncia por un intento de soborno a un inspector de la Capitanía Marítima que recibió un sobre con dinero dentro de la carpeta del proyecto de construcción del Eugenio Tercero, encargado por el entonces patrón mayor de Malpica a Astilleros Roseva.
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fenix2005
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CUATRO FIRMAS CLAVE
Dos altos cargos de Fomento, el capitán marítimo y un inspector de Ferrol permitieron que Roseva escapase a los controles.
El astillero de Manuel Romero Senande habría tenido que ajustar el proyecto de su barco a las exigencias de los inspectores de la capitanía coruñesa si no hubiera sido por la intervención de al menos cuatro personas: el capitán marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega, el inspector marítimo de la Capitanía de Ferrol José Ramón Carmona, pero sobre todo por el interés demostrado por el subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, Alfredo de la Torre, y el director general de la Marina Mercante.
Se intentó sin éxito obtener alguna explicación de la Dirección General de la Marina Mercante, pero sus responsables declinaron la invitación de explicar el por qué de tanto interés en que el Narducho saliese de Roseva -un astillero con fama de emplear materiales de primera- para empezar a faenar en Ferrol.
El director general de la Marina Mercante, Felipe Martínez, la máxima autoridad sobre seguridad marítima, situado en el organigrama por debajo de la ministra de Fomento, intervino en el proceso en julio, cuando las modificaciones del Narducho aún no habían sido aprobadas. El astillero exigió que su embarcación fuese reconocida y los inspectores se negaron al entender que en una reforma no autorizada, poco había que revisar. Felipe Martínez y luego su subordinado, Alfredo de la Torre, ordenaron al jefe de Inspección de la capitanía que se desplazase para reconocer el buque.
De la Torre intervino en prácticamente todo el proceso de construcción; incluso para aportar interpretaciones de la legislación que beneficiaban al astillero Roseva y que su adjunto, Carlos Miranda, se vio en la obligación de contradecir tras demostrarse incorrectas. El subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos era ya un alto cargo de Marina Mercante durante el Gobierno del PP y firmó un documento en el que se hacía responsable del alejamiento del Prestige fuese alejado de la costa. Las grabaciones de una conversación telefónica del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, contradijeron su afirmación. Este funcionario fue quien propuso que la capitanía eximiese a Roseva de incluir el comedor del Narducho en los cálculos de estabilidad de la embarcación y también quien a unos días para la botadura del pesquero, autorizó al capitán marítimo a permitir que el barco fuese entregado a su armador sin que se le reconociese el eje que transmite el movimiento del motor a la hélice.
Alfredo de la Torre se encargó de comisionar a José Ramón Carmona -procesado por falsedad en naufragio del Rey Álvarez II- para que inspeccionase el buque antes de aprobar las modificaciones realizadas sin permiso. Y Gustavo Ortega firmó todos los permisos para que el Narducho pudiese navegar.
Dos altos cargos de Fomento, el capitán marítimo y un inspector de Ferrol permitieron que Roseva escapase a los controles.
El astillero de Manuel Romero Senande habría tenido que ajustar el proyecto de su barco a las exigencias de los inspectores de la capitanía coruñesa si no hubiera sido por la intervención de al menos cuatro personas: el capitán marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega, el inspector marítimo de la Capitanía de Ferrol José Ramón Carmona, pero sobre todo por el interés demostrado por el subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, Alfredo de la Torre, y el director general de la Marina Mercante.
Se intentó sin éxito obtener alguna explicación de la Dirección General de la Marina Mercante, pero sus responsables declinaron la invitación de explicar el por qué de tanto interés en que el Narducho saliese de Roseva -un astillero con fama de emplear materiales de primera- para empezar a faenar en Ferrol.
El director general de la Marina Mercante, Felipe Martínez, la máxima autoridad sobre seguridad marítima, situado en el organigrama por debajo de la ministra de Fomento, intervino en el proceso en julio, cuando las modificaciones del Narducho aún no habían sido aprobadas. El astillero exigió que su embarcación fuese reconocida y los inspectores se negaron al entender que en una reforma no autorizada, poco había que revisar. Felipe Martínez y luego su subordinado, Alfredo de la Torre, ordenaron al jefe de Inspección de la capitanía que se desplazase para reconocer el buque.
De la Torre intervino en prácticamente todo el proceso de construcción; incluso para aportar interpretaciones de la legislación que beneficiaban al astillero Roseva y que su adjunto, Carlos Miranda, se vio en la obligación de contradecir tras demostrarse incorrectas. El subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos era ya un alto cargo de Marina Mercante durante el Gobierno del PP y firmó un documento en el que se hacía responsable del alejamiento del Prestige fuese alejado de la costa. Las grabaciones de una conversación telefónica del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, contradijeron su afirmación. Este funcionario fue quien propuso que la capitanía eximiese a Roseva de incluir el comedor del Narducho en los cálculos de estabilidad de la embarcación y también quien a unos días para la botadura del pesquero, autorizó al capitán marítimo a permitir que el barco fuese entregado a su armador sin que se le reconociese el eje que transmite el movimiento del motor a la hélice.
Alfredo de la Torre se encargó de comisionar a José Ramón Carmona -procesado por falsedad en naufragio del Rey Álvarez II- para que inspeccionase el buque antes de aprobar las modificaciones realizadas sin permiso. Y Gustavo Ortega firmó todos los permisos para que el Narducho pudiese navegar.
Dios mío en manos de quienes estamos.-
Deschamps
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El hecho de que se compute o no en el arqueo del barco un comedor para la tripulación NO afecta ni puede afectar en modo alguno a la estabilidad del barco.
Si alguien se cree esto, es que no tiene ni idea de barcos.
El hecho de que se compute o no este espacio es importante porque entoces, para calcular los requerimientos mínimos de estabilidad se empleará un sistema u otro. Pero la estabilidad del barco es igual en un caso o en el otro, ¿o acaso no?
Del sr. Balbás, jefe de inspección de A Coruña, poco se puede decir, aparte de que está en permanente lucha contra la DGMM, especialmente después que fuese expedientado, e incluso apartado del servicio, hace 2 ó 3 años. Continuamente protesta, recurre, denuncia, filtra a la prensa, patalea, e incluso llega a las manos en su paranoica lucha contra la DGMM.
Y como siempre, los perjudicados son los ciudadanos que ven como sus expedientes son retrasados y denegados de forma caprichosa y arbitraria.
Si alguien se cree esto, es que no tiene ni idea de barcos.
El hecho de que se compute o no este espacio es importante porque entoces, para calcular los requerimientos mínimos de estabilidad se empleará un sistema u otro. Pero la estabilidad del barco es igual en un caso o en el otro, ¿o acaso no?
Del sr. Balbás, jefe de inspección de A Coruña, poco se puede decir, aparte de que está en permanente lucha contra la DGMM, especialmente después que fuese expedientado, e incluso apartado del servicio, hace 2 ó 3 años. Continuamente protesta, recurre, denuncia, filtra a la prensa, patalea, e incluso llega a las manos en su paranoica lucha contra la DGMM.
Y como siempre, los perjudicados son los ciudadanos que ven como sus expedientes son retrasados y denegados de forma caprichosa y arbitraria.
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spottedcormorant
- Grumete
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NUEVO ESCANDALO EN MARINA MERCANTE
La puntualización del Sr. Deschamps es absolutamente correcta: efectivamente la estabilidad del buque no varía se considere como se quiera considerar el comedor de la tripulación.
En cuanto a la mención al Sr. Balbás, no puedo entrar ni salir porque lo desconozco, aunque si he oído muchos comentarios sobre él, tanto a favor como en contra. Lo que es indudable es que se trata de un caballero realmente controvertido. La verdad es que me gustaría disponer de una visión desapasionada y cierta de todo lo que a él hace referencia porque, supongo que como siempre, ni es tanto como dicen unos, ni tan poco como dicen otros.
En fin, quizá algún día lleguen a aclararse algunas cosas, al menos para que sepamos a que atenernos.
BUENA PROA A TODOS.
En cuanto a la mención al Sr. Balbás, no puedo entrar ni salir porque lo desconozco, aunque si he oído muchos comentarios sobre él, tanto a favor como en contra. Lo que es indudable es que se trata de un caballero realmente controvertido. La verdad es que me gustaría disponer de una visión desapasionada y cierta de todo lo que a él hace referencia porque, supongo que como siempre, ni es tanto como dicen unos, ni tan poco como dicen otros.
En fin, quizá algún día lleguen a aclararse algunas cosas, al menos para que sepamos a que atenernos.
BUENA PROA A TODOS.
JMMB
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fenix2005
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FERNANDO BALBÁS DENUNCIA AL CAPITÁN MARÍTIMO EN FUNCIONES POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN
El jefe de Inspección de la Capitanía Marítima de A Coruña, lleva a los tribunales al responsable de Seguridad Marítima.
El documento presentado ante el juzgado acusa a José Dosil de haber autorizado que un pesquero remolcase a otro desde el puerto de Fisterra hasta un astillero de Outes sin garantías legales.
El jefe del área de Inspección de la Capitanía Marítima, Fernando Balbás, ha denunciado ante el juzgado de guardia al responsable de Seguridad de la misma institución, José Dosil, por un presunto delito de prevaricación que supuestamente cometió el pasado 23 de julio, cuando ejercía como capitán marítimo en funciones.
La denuncia asegura que José Dosil autorizó a un pesquero a remolcar a otro buque averiado desde el puerto de Fisterra hasta un astillero de O Freixo (Outes), en contra de lo establecido en la legislación marítima y con el ánimo de beneficiar al armador.
El documento que el jefe de Inspección presentó ante el juzgado de guardia expone que la legislación marítima sólo permite que un pesquero dé remolque a otro cuando el primero se encuentra en una situación de emergencia y en la mar, pero no para trasladar un barco de un puerto a otro.Los hechos ocurrieron cuando el capitán marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega, estaba de vacaciones y José Dosil ocupaba su puesto de forma temporal. El 20 de julio, cuando el pesquero Nueva María Teresa acababa de terminar su jornada y se disponía a regresar al puerto de Fisterra, donde tiene su base, se declaró un incendio en el motor del buque durante el que cuatro tripulantes resultaron heridos. El barco fue auxiliado por otros que estaban en la zona y luego remolcado hasta el puerto de Fisterra.
Tres días después del siniestro, el jefe de Seguridad de la capitanía accedió a la petición cursada por el armador del buque para que otro pesquero, el Coral Cinco remolcase al Nueva María Teresa hasta un astillero situado en el puerto de O Freixo (Outes), operación que se realizó el día 25 de julio por la tarde.
La denuncia relata que la legislación establece que este tipo de maniobras deben ser realizadas con un remolcador y que es la Inspección marítima la responsable no sólo de autorizar o denegar el remolque sino también de comprobar que se hace con seguridad, pese a lo cual, el departamento de Inspección no tuvo conocimiento del traslado del Nueva María Teresa hasta el día 30 de julio. Y es que para que el remolque sea autorizado, la normativa exige que el armador presente un proyecto de remolque elaborado y firmado por un ingeniero naval o un capitán de la marina mercante y que esté además visado por el colegio profesional que corresponda.
Este documento debe ser entregado en el área de Inspección marítima para que un funcionario lo revise, inspeccione el barco averiado y determine si la operación reúne todas las garantías.
Según la denuncia, el jefe de Seguridad de la capitanía pasó por alto estos trámites y autorizó al armador a realizar la operación dos días después de solicitar el permiso, con lo que José Dosil ahorró al armador los costes derivados de la contratación del remolcador y de la elaboración del proyecto de remolque.
Balbás considera además que la operación puso en peligro a los dos tripulantes que viajaron en el Nueva María Teresa y a los que lo hacían en el Coral Cinco.
El jefe del área de Inspección denunció los hechos ante el capitán marítimo titular, Gustavo Ortega, en cuanto tuvo conocimiento de ellos. Ante la llamada de este diario, Ortega prefirió no dar explicaciones sobre lo ocurrido y se limitó a anunciar que lo hará ante el juzgado si es preciso.
Fernando Balbás se limitó a confirmar que había presentado la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, aunque prefirió no hacer declaraciones. Este diario no pudo sin embargo localizar al jefe de Seguridad de la capitanía.
El jefe de Inspección de la Capitanía Marítima de A Coruña, lleva a los tribunales al responsable de Seguridad Marítima.
El documento presentado ante el juzgado acusa a José Dosil de haber autorizado que un pesquero remolcase a otro desde el puerto de Fisterra hasta un astillero de Outes sin garantías legales.
El jefe del área de Inspección de la Capitanía Marítima, Fernando Balbás, ha denunciado ante el juzgado de guardia al responsable de Seguridad de la misma institución, José Dosil, por un presunto delito de prevaricación que supuestamente cometió el pasado 23 de julio, cuando ejercía como capitán marítimo en funciones.
La denuncia asegura que José Dosil autorizó a un pesquero a remolcar a otro buque averiado desde el puerto de Fisterra hasta un astillero de O Freixo (Outes), en contra de lo establecido en la legislación marítima y con el ánimo de beneficiar al armador.
El documento que el jefe de Inspección presentó ante el juzgado de guardia expone que la legislación marítima sólo permite que un pesquero dé remolque a otro cuando el primero se encuentra en una situación de emergencia y en la mar, pero no para trasladar un barco de un puerto a otro.Los hechos ocurrieron cuando el capitán marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega, estaba de vacaciones y José Dosil ocupaba su puesto de forma temporal. El 20 de julio, cuando el pesquero Nueva María Teresa acababa de terminar su jornada y se disponía a regresar al puerto de Fisterra, donde tiene su base, se declaró un incendio en el motor del buque durante el que cuatro tripulantes resultaron heridos. El barco fue auxiliado por otros que estaban en la zona y luego remolcado hasta el puerto de Fisterra.
Tres días después del siniestro, el jefe de Seguridad de la capitanía accedió a la petición cursada por el armador del buque para que otro pesquero, el Coral Cinco remolcase al Nueva María Teresa hasta un astillero situado en el puerto de O Freixo (Outes), operación que se realizó el día 25 de julio por la tarde.
La denuncia relata que la legislación establece que este tipo de maniobras deben ser realizadas con un remolcador y que es la Inspección marítima la responsable no sólo de autorizar o denegar el remolque sino también de comprobar que se hace con seguridad, pese a lo cual, el departamento de Inspección no tuvo conocimiento del traslado del Nueva María Teresa hasta el día 30 de julio. Y es que para que el remolque sea autorizado, la normativa exige que el armador presente un proyecto de remolque elaborado y firmado por un ingeniero naval o un capitán de la marina mercante y que esté además visado por el colegio profesional que corresponda.
Este documento debe ser entregado en el área de Inspección marítima para que un funcionario lo revise, inspeccione el barco averiado y determine si la operación reúne todas las garantías.
Según la denuncia, el jefe de Seguridad de la capitanía pasó por alto estos trámites y autorizó al armador a realizar la operación dos días después de solicitar el permiso, con lo que José Dosil ahorró al armador los costes derivados de la contratación del remolcador y de la elaboración del proyecto de remolque.
Balbás considera además que la operación puso en peligro a los dos tripulantes que viajaron en el Nueva María Teresa y a los que lo hacían en el Coral Cinco.
El jefe del área de Inspección denunció los hechos ante el capitán marítimo titular, Gustavo Ortega, en cuanto tuvo conocimiento de ellos. Ante la llamada de este diario, Ortega prefirió no dar explicaciones sobre lo ocurrido y se limitó a anunciar que lo hará ante el juzgado si es preciso.
Fernando Balbás se limitó a confirmar que había presentado la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, aunque prefirió no hacer declaraciones. Este diario no pudo sin embargo localizar al jefe de Seguridad de la capitanía.
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fenix2005
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RECORDANDO....
EL CASO BALBÁS
¿A partir de ahora, se certificará como bueno?
11-02-05 El Jefe del Servicio de Inspección de Buques de la Capitanía Marítima de A Coruña, Sr. Balbás, ha sido expedientado y Fomento ha decidido que será cesado y trasladado.
En esta ocasión, el “estado de cohecho” no ha podido soportar la presión por más tiempo y ha recurrido al expediente. Un burdo expediente falto de rigor administrativo, en el que el fin justifica los medios y los procedimientos.
Pero que nadie se crea que a quien se está expedientando es al Sr. Balbas. Eso no es así; ese no es el problema. El problema es la amenaza que el Sr. Balbas representa para el “estado de cohecho”, ese que se asienta sobre la prevaricación, la corrupción, el sectarismo, y "sustanciosas recompensas”. Eso es lo que está en juego.
El Sr. Balbás ha cometido la “temeridad” de ponerse de parte de la ley, de las normas y reglas establecidas por el estado de derecho, y, por paradójico que resulte, la Administración pública le expedienta.
La profesionalidad del Sr. Balbás como funcionario público no se ha cuestionado en ningún momento, pero parece ser que su empeño en cumplir y hacer cumplir razonablemente las normas lesiona ciertos intereses supuestamente inmersos en un ambiente de irregularidad permanente.
El que se hagan cumplir las normas parece que supone un grave impedimento, tanto para esos negocios como para los funcionarios que prevarican habitualmente.
Hay a quienes les interesa dejar claro que una cosa son las promesas electorales y otra el ejercicio del poder cuando se les confía el gobierno. Nadie ha podido,- a pesar de haberlo intentado-, que el Sr. Balbás renunciase al estricto cumplimiento de la norma en sus actuaciones como funcionario público. Y eso, pudiera haberse traducido en delito suficiente. Aunque ahora se disfrace de altivez y displicencia.
El Sr. Balbás es ingeniero naval, licenciado en ciencias exactas y funcionario por oposición, y a largo de su dilatada carrera administrativa ha dado pruebas de su buen nivel de conocimientos. En otras palabras, profesionalmente no hay razones para expedientar al funcionario Sr. Balbás. Quienes lo acosan lo saben perfectamente, aunque hayan intentado difamarle y desprestigiarle personal y profesionalmente.
No deja de ser sorprendente en los tiempos que corren que se expediente al Sr. Balbás por ser “altivo”- esa parece ser una de las causas de su expediente-. Si ese fuese el motivo real del castigo, y aún en el supuesto de que tal “altivez”, o sea, “orgullo”, fuese mesurable y sancionable por encima de determinados niveles de gradación, serían muchos los que tendrían que preceder al Sr. Balbás en su destierro administrativo.
Es muy significativo que los esfuerzos de la administración pública se malgasten en incoar un expediente a quien ha demostrado con sus actuaciones que está dispuesto a combatir las irregularidades en materia de construcción naval y seguridad marítima -que no debemos olvidar que son la causa fundamental del alto índice de accidentes del sector marítimo - y que esa misma administración guarde en lo más profundo de sus cajones casos como los siguientes: O BAHÍA, GALLEGO JOSE, SPIRIDOM. GERION, TACORONTE, SILVER SUN, CERVANTES, DIANA MARIA, ISURUS I y PRESTIGE, por citar solamente algunos de los más conocidos. La colección es interminable.
¿A quién se pretende castigar, al Sr. Balbás o al estado de derecho? Como es público y notorio - y así consta en los Juzgados- las denuncias por prevaricación y corrupción - en lo marítimo- apuntan desde hace años hacia la Capitanía Marítima de A Coruña, del mismo modo que podrían apuntar a algunas otras.
¿Por qué masacrar al funcionario que cumple y, por el contrario, se centrifugan los supuestos casos de prevaricación y corrupción manifiesta, y se deja en la más absoluta impunidad al prevaricador de oficio? ¿Es esa la filosofía de este gobierno? ¿Por qué no explican públicamente los responsables de este atropello las verdaderas razones del expediente?
Para que no queden dudas al respecto, en los próximos días se pubicará un resumen cronológico de algunos de los casos -documentados y denunciados- de falsificación de certificados, "venta de titulaciones" expedición de certificados a barcos que no habían estado en España, desaparición de expedientes, acoso sexual, etc. etc. que se han registrado en la Capitanía Marítima de A Coruña.
También es público y notorio que existen claras discordancias entre los datos que figuran en los correspondientes certificados oficiales y las dimensiones reales, las potencias y los arqueos de muchas de las embarcaciones dependientes de esa Capitanía.
Es demostrable también que se autorizaba la navegación de barcos con tanques comunicados y cuadernas podridas, con huellas de corrosión rellenas con soldadura. Algunos de los “capos” del contrabando parece ser que también eran buenos conocidos. En fin, que habría muchos motivos de expediente que se han diluido. Y ahora hasta es posible que se premie a quienes cometieron el garrafal error del SPIRIDOM. ¿Es ese el cambio de talante prometido para este país?
Se ha denunciado hasta la saciedad las irregularidades registradas en esa capitanía. Denuncias que en ningún caso tienen más respuestas que el silencio. El típico silencio que forma parte del lenguaje de las "democracias" de pensamiento hermético y monolítico.
La injusticia que se va a cometer con Fernando Balbás y su segundo de abordo,- también funcionario e ingeniero naval- es de las que harán época. Ellos podrán ser desterrados, pero lo que nadie podrá evitar es que se sepa que la Capitanía Marítima de la Coruña será como un sumidero de alcantarilla por el que se ha colado el estado de derecho.
EL CASO BALBÁS
¿A partir de ahora, se certificará como bueno?
11-02-05 El Jefe del Servicio de Inspección de Buques de la Capitanía Marítima de A Coruña, Sr. Balbás, ha sido expedientado y Fomento ha decidido que será cesado y trasladado.
En esta ocasión, el “estado de cohecho” no ha podido soportar la presión por más tiempo y ha recurrido al expediente. Un burdo expediente falto de rigor administrativo, en el que el fin justifica los medios y los procedimientos.
Pero que nadie se crea que a quien se está expedientando es al Sr. Balbas. Eso no es así; ese no es el problema. El problema es la amenaza que el Sr. Balbas representa para el “estado de cohecho”, ese que se asienta sobre la prevaricación, la corrupción, el sectarismo, y "sustanciosas recompensas”. Eso es lo que está en juego.
El Sr. Balbás ha cometido la “temeridad” de ponerse de parte de la ley, de las normas y reglas establecidas por el estado de derecho, y, por paradójico que resulte, la Administración pública le expedienta.
La profesionalidad del Sr. Balbás como funcionario público no se ha cuestionado en ningún momento, pero parece ser que su empeño en cumplir y hacer cumplir razonablemente las normas lesiona ciertos intereses supuestamente inmersos en un ambiente de irregularidad permanente.
El que se hagan cumplir las normas parece que supone un grave impedimento, tanto para esos negocios como para los funcionarios que prevarican habitualmente.
Hay a quienes les interesa dejar claro que una cosa son las promesas electorales y otra el ejercicio del poder cuando se les confía el gobierno. Nadie ha podido,- a pesar de haberlo intentado-, que el Sr. Balbás renunciase al estricto cumplimiento de la norma en sus actuaciones como funcionario público. Y eso, pudiera haberse traducido en delito suficiente. Aunque ahora se disfrace de altivez y displicencia.
El Sr. Balbás es ingeniero naval, licenciado en ciencias exactas y funcionario por oposición, y a largo de su dilatada carrera administrativa ha dado pruebas de su buen nivel de conocimientos. En otras palabras, profesionalmente no hay razones para expedientar al funcionario Sr. Balbás. Quienes lo acosan lo saben perfectamente, aunque hayan intentado difamarle y desprestigiarle personal y profesionalmente.
No deja de ser sorprendente en los tiempos que corren que se expediente al Sr. Balbás por ser “altivo”- esa parece ser una de las causas de su expediente-. Si ese fuese el motivo real del castigo, y aún en el supuesto de que tal “altivez”, o sea, “orgullo”, fuese mesurable y sancionable por encima de determinados niveles de gradación, serían muchos los que tendrían que preceder al Sr. Balbás en su destierro administrativo.
Es muy significativo que los esfuerzos de la administración pública se malgasten en incoar un expediente a quien ha demostrado con sus actuaciones que está dispuesto a combatir las irregularidades en materia de construcción naval y seguridad marítima -que no debemos olvidar que son la causa fundamental del alto índice de accidentes del sector marítimo - y que esa misma administración guarde en lo más profundo de sus cajones casos como los siguientes: O BAHÍA, GALLEGO JOSE, SPIRIDOM. GERION, TACORONTE, SILVER SUN, CERVANTES, DIANA MARIA, ISURUS I y PRESTIGE, por citar solamente algunos de los más conocidos. La colección es interminable.
¿A quién se pretende castigar, al Sr. Balbás o al estado de derecho? Como es público y notorio - y así consta en los Juzgados- las denuncias por prevaricación y corrupción - en lo marítimo- apuntan desde hace años hacia la Capitanía Marítima de A Coruña, del mismo modo que podrían apuntar a algunas otras.
¿Por qué masacrar al funcionario que cumple y, por el contrario, se centrifugan los supuestos casos de prevaricación y corrupción manifiesta, y se deja en la más absoluta impunidad al prevaricador de oficio? ¿Es esa la filosofía de este gobierno? ¿Por qué no explican públicamente los responsables de este atropello las verdaderas razones del expediente?
Para que no queden dudas al respecto, en los próximos días se pubicará un resumen cronológico de algunos de los casos -documentados y denunciados- de falsificación de certificados, "venta de titulaciones" expedición de certificados a barcos que no habían estado en España, desaparición de expedientes, acoso sexual, etc. etc. que se han registrado en la Capitanía Marítima de A Coruña.
También es público y notorio que existen claras discordancias entre los datos que figuran en los correspondientes certificados oficiales y las dimensiones reales, las potencias y los arqueos de muchas de las embarcaciones dependientes de esa Capitanía.
Es demostrable también que se autorizaba la navegación de barcos con tanques comunicados y cuadernas podridas, con huellas de corrosión rellenas con soldadura. Algunos de los “capos” del contrabando parece ser que también eran buenos conocidos. En fin, que habría muchos motivos de expediente que se han diluido. Y ahora hasta es posible que se premie a quienes cometieron el garrafal error del SPIRIDOM. ¿Es ese el cambio de talante prometido para este país?
Se ha denunciado hasta la saciedad las irregularidades registradas en esa capitanía. Denuncias que en ningún caso tienen más respuestas que el silencio. El típico silencio que forma parte del lenguaje de las "democracias" de pensamiento hermético y monolítico.
La injusticia que se va a cometer con Fernando Balbás y su segundo de abordo,- también funcionario e ingeniero naval- es de las que harán época. Ellos podrán ser desterrados, pero lo que nadie podrá evitar es que se sepa que la Capitanía Marítima de la Coruña será como un sumidero de alcantarilla por el que se ha colado el estado de derecho.
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fenix2005
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- Registrado: Mié 19 Oct 2005 18:32
CASO BALBÁS.- EL ESTADO RECURRE EL FALLO QUE ANULA LA SANCIÓN DEL JEFE DE INSPECCIÓN DE CAPITANÍA
IU acusa al PSOE de hacer la misma política que el PP y amenaza con denunciar a altos cargos de Fomento por obstruir a la Justicia.
Lui Costas.A Coruña
El Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la sanción impuesta por la Dirección General de la Marina Mercante al jefe de Inspección de la Capitanía Marítima, Fernando Balbás, por entender que la Administración había vulnerado los derechos fundamentales del funcionario en la tramitación de un expediente disciplinario en su contra.
El Estado presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como explicó el abogado de Izquierda Unida, Alfonso Suárez, para quien este asunto "va camino de convertirse en el caso Dreyfus de la justicia española".
Suárez, que ejerce la acusación popular en el caso Prestige como abogado de IU, relacionó el expediente abierto por Fomento a Fernando Balbás con su declaración como testigo en el caso Prestige y advirtió que jamás había visto que se actuase "con tanta virulencia contra un funcionario":
"En el expediente disciplinario que se abrió a los guardias civiles de Roquetas de Mar, acusados de homicidio, no se tomaron medidas cautelares tan severas como contra este funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo".
El abogado se preguntó por contra por qué el Estado no ha abierto investigaciones sobre las numerosas denuncias de cohecho, soborno y corrupción que elevaron los funcionarios de la capitanía coruñesa.
Narcotraficantes en Capitanía
"En el expediente del señor Balbás constan informes de otros funcionarios de la Capitanía Marítima que aseguran que era habitual que conocidos narcotraficantes despachasen con sus jefes y que determinados personajes ofreciesen dinero a cambio de documentación", relató.
Suárez y la coordinadora general de Esquerda Unida-IU, Yolanda Díaz, lamentaron que el Ministerio de Fomento desarrolle ahora la misma política que cuando gobernaba el PP y recordó cómo la sentencia del TSXG califica como meros prejuicios los testimonios de armadores o propietarios de talleres y varaderos en los que Marina Mercante se apoyó para expedientar a Fernando Balbás y a su compañero Luis González.
Alfonso Suárez puso como ejemplo al ex presidente de la federación provincial de cofradías de pescadores, Evaristo Lareo, de cómo en la Capitanía de A Coruña "esquivar las inspecciones era un deporte olímpico" y cómo inspecciones rigurosas han permitido detectar irregularidades que ponen en peligro la seguridad en la mar. "Así ocurre que tenemos veinte muertos en naufragios de barcos nuevos como el O Bahía o el Siempre Casina que, supuestamente, han pasado todas las inspecciones, pero que se hunden sin que las causas lleguen a saberse nunca", añadió el letrado.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, envió una carta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la que expresa su indignación porque el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, imputado en el caso Prestige, y Alfredo de la Torre, ex subdirector general, gocen todavía de la confianza del actual responsable, Felipe Martínez, que los mantiene como asesores.
López-Sors está imputado y procesado por un delito contra la Administración de Justicia después de que IU le denunciase por expedientar a Balbás para condicionar su declaración en el caso Prestige. La causa, que se sigue en el juzgado de Betanzos, sigue abierta y Alfonso Suárez no descarta extender la denuncia por obstrucción a la Justicia a otros altos cargos del Ministerio de Fomento una vez que se incorporen a la causa documentos como la sentencia que acaba de dictar el TSXG.
IU acusa al PSOE de hacer la misma política que el PP y amenaza con denunciar a altos cargos de Fomento por obstruir a la Justicia.
Lui Costas.A Coruña
El Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la sanción impuesta por la Dirección General de la Marina Mercante al jefe de Inspección de la Capitanía Marítima, Fernando Balbás, por entender que la Administración había vulnerado los derechos fundamentales del funcionario en la tramitación de un expediente disciplinario en su contra.
El Estado presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como explicó el abogado de Izquierda Unida, Alfonso Suárez, para quien este asunto "va camino de convertirse en el caso Dreyfus de la justicia española".
Suárez, que ejerce la acusación popular en el caso Prestige como abogado de IU, relacionó el expediente abierto por Fomento a Fernando Balbás con su declaración como testigo en el caso Prestige y advirtió que jamás había visto que se actuase "con tanta virulencia contra un funcionario":
"En el expediente disciplinario que se abrió a los guardias civiles de Roquetas de Mar, acusados de homicidio, no se tomaron medidas cautelares tan severas como contra este funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo".
El abogado se preguntó por contra por qué el Estado no ha abierto investigaciones sobre las numerosas denuncias de cohecho, soborno y corrupción que elevaron los funcionarios de la capitanía coruñesa.
Narcotraficantes en Capitanía
"En el expediente del señor Balbás constan informes de otros funcionarios de la Capitanía Marítima que aseguran que era habitual que conocidos narcotraficantes despachasen con sus jefes y que determinados personajes ofreciesen dinero a cambio de documentación", relató.
Suárez y la coordinadora general de Esquerda Unida-IU, Yolanda Díaz, lamentaron que el Ministerio de Fomento desarrolle ahora la misma política que cuando gobernaba el PP y recordó cómo la sentencia del TSXG califica como meros prejuicios los testimonios de armadores o propietarios de talleres y varaderos en los que Marina Mercante se apoyó para expedientar a Fernando Balbás y a su compañero Luis González.
Alfonso Suárez puso como ejemplo al ex presidente de la federación provincial de cofradías de pescadores, Evaristo Lareo, de cómo en la Capitanía de A Coruña "esquivar las inspecciones era un deporte olímpico" y cómo inspecciones rigurosas han permitido detectar irregularidades que ponen en peligro la seguridad en la mar. "Así ocurre que tenemos veinte muertos en naufragios de barcos nuevos como el O Bahía o el Siempre Casina que, supuestamente, han pasado todas las inspecciones, pero que se hunden sin que las causas lleguen a saberse nunca", añadió el letrado.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, envió una carta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la que expresa su indignación porque el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, imputado en el caso Prestige, y Alfredo de la Torre, ex subdirector general, gocen todavía de la confianza del actual responsable, Felipe Martínez, que los mantiene como asesores.
López-Sors está imputado y procesado por un delito contra la Administración de Justicia después de que IU le denunciase por expedientar a Balbás para condicionar su declaración en el caso Prestige. La causa, que se sigue en el juzgado de Betanzos, sigue abierta y Alfonso Suárez no descarta extender la denuncia por obstrucción a la Justicia a otros altos cargos del Ministerio de Fomento una vez que se incorporen a la causa documentos como la sentencia que acaba de dictar el TSXG.
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¡SIGUE, SIGUE!Elmenda escribió:Hola buenas tardes
Desaria saber si me puedes decir que fue de una de las personas que mecionas "Eliseo Carlos Miranda" ¿sigue en el ministerio? Supongo seguira en el mundillo ¿no? .
Un saludo y muchas gracias
O pessimista queixa-se dos ventos.
O otimista espera que eles mudem.
O realista... ajusta as velas
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666
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¿¿¿EX??? Sigue siendo el Subdirector General. Más concretamente, Subdirector General de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, la antigua Subdirección General de Inspección o el, más antiguamente aún, cargo conocido como "Inspector General".fenix2005 escribió:CASO BALBÁS.- EL ESTADO RECURRE EL FALLO QUE ANULA LA SANCIÓN DEL JEFE DE INSPECCIÓN DE CAPITANÍA
IU acusa al PSOE de hacer la misma política que el PP y amenaza con denunciar a altos cargos de Fomento por obstruir a la Justicia.
Lui Costas.A Coruña
El Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la sanción impuesta por la Dirección General de la Marina Mercante al jefe de Inspección de la Capitanía Marítima, Fernando Balbás, por entender que la Administración había vulnerado los derechos fundamentales del funcionario en la tramitación de un expediente disciplinario en su contra.
El Estado presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como explicó el abogado de Izquierda Unida, Alfonso Suárez, para quien este asunto "va camino de convertirse en el caso Dreyfus de la justicia española".
Suárez, que ejerce la acusación popular en el caso Prestige como abogado de IU, relacionó el expediente abierto por Fomento a Fernando Balbás con su declaración como testigo en el caso Prestige y advirtió que jamás había visto que se actuase "con tanta virulencia contra un funcionario":
"En el expediente disciplinario que se abrió a los guardias civiles de Roquetas de Mar, acusados de homicidio, no se tomaron medidas cautelares tan severas como contra este funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo".
El abogado se preguntó por contra por qué el Estado no ha abierto investigaciones sobre las numerosas denuncias de cohecho, soborno y corrupción que elevaron los funcionarios de la capitanía coruñesa.
Narcotraficantes en Capitanía
"En el expediente del señor Balbás constan informes de otros funcionarios de la Capitanía Marítima que aseguran que era habitual que conocidos narcotraficantes despachasen con sus jefes y que determinados personajes ofreciesen dinero a cambio de documentación", relató.
Suárez y la coordinadora general de Esquerda Unida-IU, Yolanda Díaz, lamentaron que el Ministerio de Fomento desarrolle ahora la misma política que cuando gobernaba el PP y recordó cómo la sentencia del TSXG califica como meros prejuicios los testimonios de armadores o propietarios de talleres y varaderos en los que Marina Mercante se apoyó para expedientar a Fernando Balbás y a su compañero Luis González.
Alfonso Suárez puso como ejemplo al ex presidente de la federación provincial de cofradías de pescadores, Evaristo Lareo, de cómo en la Capitanía de A Coruña "esquivar las inspecciones era un deporte olímpico" y cómo inspecciones rigurosas han permitido detectar irregularidades que ponen en peligro la seguridad en la mar. "Así ocurre que tenemos veinte muertos en naufragios de barcos nuevos como el O Bahía o el Siempre Casina que, supuestamente, han pasado todas las inspecciones, pero que se hunden sin que las causas lleguen a saberse nunca", añadió el letrado.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, envió una carta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la que expresa su indignación porque el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, imputado en el caso Prestige, y Alfredo de la Torre, ex subdirector general, gocen todavía de la confianza del actual responsable, Felipe Martínez, que los mantiene como asesores.
López-Sors está imputado y procesado por un delito contra la Administración de Justicia después de que IU le denunciase por expedientar a Balbás para condicionar su declaración en el caso Prestige. La causa, que se sigue en el juzgado de Betanzos, sigue abierta y Alfonso Suárez no descarta extender la denuncia por obstrucción a la Justicia a otros altos cargos del Ministerio de Fomento una vez que se incorporen a la causa documentos como la sentencia que acaba de dictar el TSXG.