El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada cree que España no ha asumido su pasado de la forma que lo han hecho otros países europeos y no europeos tras guerras y conflictos
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Aquí, las víctimas de la Guerra Civil no han sido escuchadas. En alguna de las causas que se siguieron contra [Baltasar] Garzón, pudieron hablar por primera vez ante de un tribunal. Se siguieron tres causas contra él y fue en la causa por tratar de investigar el franquismo –en la que se le absolvió– en la que comparecieron algunas víctimas que tuvieron la oportunidad de relatar su dolor paradójicamente en el juicio que se seguía contra quien quería que fueran oídas por la justicia. Que la víctima pueda hablar ante un tribunal tiene un efecto taumatúrgico tremendo. Las víctimas lo único que quieren realmente es ser escuchadas, poder relatar lo que les ha pasado. En Colombia he conocido situaciones de una generosidad extrema, donde lo único que quieren es que se les tenga en consideración, que se tenga en cuenta su relato.
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En España no hemos tenido justicia.
Ni reparación ni verdad. Ni relato. Ni nada. Ni en los aspectos más elementales, como es la recuperación de los restos de las víctimas de la guerra, a las que ni siquiera se les ha dignificado mínimamente. Se ha mantenido a la gente en la indignidad absoluta, se les ha estado reestigmatizando permanentemente.
Quizá esto nos impide crear una sociedad civil con unos estándares éticos más altos, como los que hay en Alemania o en los países escandinavos.
El no haber sabido lidiar con nuestro pasado de manera razonable nos marca en todo. Es uno de nuestros déficits. Los españoles no podemos enorgullecernos de cómo han evolucionado muchas cosas. Somos un país razonable y aceptablemente democrático, sin perjuicio de que se haya producido un retroceso en libertades en los últimos tiempos. Hay una asignatura pendiente clarísima que nos marca enormemente y que nos pone en una situación de franca desventaja ética frente a los demás.
Ya es tarde para hacer justicia, pero no lo es para reparar ayudando a sacar los restos de las personas que están enterradas en fosas comunes.
Sí, dignificar.
Todavía estamos a tiempo.
Sí. Hay iniciativas de verdad.
Para tener así un relato y que de alguna forma se produzca un reconocimiento.
Sí, pero no solo el relato histórico en grueso, también el relato de lo ocurrido en los pequeños municipios, donde se produjeron las sacas. He conocido a Paco Echevarría [antropólogo forense] abriendo fosas. Una de las cosas más emotivas era escuchar el relato de la gente una vez concluida la exhumación en algún pueblo castellano, cerca de Lerma o Aranda de Duero. Se reunían en el salón de plenos del Ayuntamiento o en el polideportivo, o donde fuera, y la gente contaba con naturalidad lo que había ocurrido. Alguien tenía que haber sido relator de todo eso para ir construyendo verdades, una detrás de otra; que cada pueblo hubiera tenido su verdad, sus verdades pactadas. No solo la verdad de la lápida en la puerta de las iglesias donde ponía ‘Primo de Rivera, caído por la Patria’ .
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¿Por qué los jueces españoles no ordenan la apertura de fosas?
El problema es que son situaciones sobre las que no es posible incoar procedimientos penales porque se considera que los hechos están prescritos legalmente. No existe la posibilidad de activar causas penales. El juez penal no tiene ninguna competencia. La apertura de fosas es una acción privada. Lo que hace la ley de memoria histórica es entregar una pala a los ciudadanos o a iniciativas de algunas comunidades autónomas en las que se institucionalice la búsqueda. En Cataluña y en otras comunidades existen iniciativas para mapear las posibles fosas.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en una sentencia y un auto del año 2012 en relación con los casos Garzón es muy clara: no cabía la posibilidad de la persecución penal del franquismo. No ya de la Guerra Civil, sino tampoco del franquismo. Es un tema que no está definitivamente cerrado. El Constitucional tendrá que pronunciarse en algún momento sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía.
Uno de los argumentos que utilizó el Supremo para no permitir la investigación de las causas del franquismo era la ley de amnistía, pero los crímenes internacionales no son amnistiables. Ahí es donde los jueces españoles tendríamos que haber podido plantearlo ante el Constitucional.
Recuerdo una señora en Arganda. Más de cien personas identificadas a través del ADN regresaban a sus familias. Ella había recibido unos días antes los restos su padre. Me dijo que llevó la caja al cementerio y exclamó: “Madre, aquí, te traigo al hombre por el que has llorado tanto”. Es una cuestión de dignidad. Pero no solo la de esa mujer, ni la del padre muerto, es un asunto de dignidad colectiva.
Lo has dicho: de dignidad colectiva. Mientras los españoles no resolvamos eso, no nos podemos medir con el resto de los europeos y no europeos, que han sabido resolver de manera razonable sus problemas de justicia transicional, respetando a las víctimas y devolviendo la dignidad personal y colectiva.
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