Zach Wahls es un chico nacido en Iowa (Estados Unidos), que fue criado por una pareja de mujeres homosexuales. En este testimonio, se escucha a Wahls dar su opinión respecto a una ley en dicho Estado para aprobar o no el matrimonio entre personas del mismo género.
[b][color=#FF0000]Faro de Vigo[/color][/b] escribió:El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha anunciado este sábado la ejecución de "47 terroristas", según ha informado la cadena 'Al Arabiya', entre los que se encuentra el conocido clérigo chií Nimr al Nimr, considerado uno de los grandes líderes de las revueltas de 2011 y 2012 en el reino árabe que siguieron a la revolución tunecina.
La mayoría de los ejecutados, 45, son de nacionalidad saudí, entre ellos el propio Al Nimr. Junto a ellos han sido ajusticiados un hombre de nacionalidad egipcia y otro de nacionalidad chadiana. El Ministerio no ha aclarado el método empleado, pero el más habitual es la decapitación.
Al Nimr fue condenado por delito de "terrorismo", que se añade a los formulados previamente: "buscar la intervención extranjera en Arabia Saudí" -- en referencia a Irán, que ha advertido en los últimos meses que el reino árabe "pagaría cara" la ejecución de Al Nimr --, así como delito de desobediencia, y por levantarse en armas contra las fuerzas de seguridad.
Al Nimr alcanzó gran popularidad al reivindicar los derechos de la tradicionalmente marginada comunidad chií de la Provincia Oriental del país. En marzo de 2009, las autoridades emitieron una orden de arresto contra él por recomendar la secesión de la provincia si el Gobierno no respetaba los derechos y la diginidad de los chiíes residentes en esta localidad.
El Gobierno saudí ha justificado las ejecuciones con versos del Corán y con un montaje de atentados cometidos por Al Qaeda durante la última década. Además, el gran mufti del país, Abdulaziz al Al Sheij, ha comparecido en televisión para asegurar que las muertes han sido "justas".
Las ejecuciones de hoy son las primeras efectuadas por el reino árabe en 2016. Las autoridades saudíes cerraron 2015 con una cifra de 157 ejecutados, muy superior a las 90 efectuadas en 2014.
Los obispos de Getafe y Alcalá de Henares han hecho público un libelo –que han dado en llamar carta- como respuesta a la aprobación de la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. Una carta panfleto que atenta contra los sentimientos de cualquiera que los tenga; incluidos los católicos a los que dicen dirigirse. Como bien ha recordado Carla Antonelli, diputada y activista transexual, la epístola bomba (que ella llama Pastoral de la Transfobia) no solo “destila odio, destila desprecio social e instiga a la discriminación”, sino que se aleja de la propia doctrina de Cristo. El amor, la compasión, todo eso tan extraño a estos obispos: Juan Antonio Reig Pla, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, y José Rico Ravés.
Hay que leer ese papel usado por los obispos para comprender el alcance de su merde. No tiene desperdicio aunque todo en él es desperdicio, valga la paradoja. Empiezan diciendo que reciben la Ley de Transexualidad “con profundo dolor”. Los obispos solo nos producirían risa en su sobreactuación de drama queens si no fuera porque la Ley viene a tratar de proteger, entre otros y otras, a esos niños y a esas adolescentes que tantas veces caen en la depresión y se quitan la vida por no poder ser quiénes son. Dice el trío de los horrores que la Ley es injusta, cuando en realidad viene a reparar, con la Justicia debida, la injusticia sufrida por las personas transexuales.
En un totum revolutum que sonroja, los obispos se remiten a Cicerón, a la razón (que no puede ser otra que la suya), a la dignidad (que ellos mismos violentan) y a la ley natural, de la que excluyen, porque les sale de las glándulas, a las personas transexuales, cuya defensa, concluyen, “se funda en una comprensión equivocada del ser humano”. Desde ahí, se despeñan por un pozo de sinsentidos en cuyo fondo encontramos “la unión substancial cuerpo-espíritu”, el “dualismo antropológico” versus “la antropología adecuada”, el “monismo de carácter materialista”, la “concupiscencia”… Y, en fin, obscenidades: “la procreación como fruto de la colaboración con Dios en el acto conyugal propio del matrimonio”. Merece el asco zambullirse con neopreno en semejante fosa séptica argumental porque da para mucho más de lo que se puede reseñar aquí.
Hay quienes consideran que los obispos deben estar en todo su derecho a decir lo que les venga en gana. Llevan parte de razón: en democracia, cualquier ciudadano debe gozar del derecho a la libertad de expresión, incluso si el ejercicio de esa libertad puede ofender a otros. La línea roja de ese derecho comienza cuando esos ciudadanos utilizan una tribuna subvencionada por el Estado para fomentar el odio y la discriminación hacia un colectivo, máxime si ese colectivo ha sido históricamente maltratado. Es el caso de los ciudadanos obispos contra el colectivo transexual.
Si los tres guardianes de las pestilentes esencias de “la civilización cristiana u occidental” y de la “ecología humana” (aquí habría que meter unas risas enlatadas) fueran tres tipos sin alzacuellos que se hubieran manifestado en la calle con un cartel pinchado en un palo que dijera las cosas que dice su misiva, no habrían pasado de parecernos tres chiflados. Estarían en su derecho de evacuar consignas basura, pero no serían más que tres regaderas. Bastante amaneradas, por cierto. Pero no: los del burka a cara descubierta son tres representantes de una institución que, a pesar de que estamos en un Estado aconfesional, recibe dinero público, con el que, entre otras cosas, escupir una carta así: propia del integrismo religioso que tanto reprochan a los de los otros burka.
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¿Dónde esta la carta del trío del alzacuellos contra quienes agreden a esos transexuales y homosexuales que dicen respetar? ¿Dónde está su carta contra los inumerables abusos a menores de sus colegas? ¿Dónde está su carta contra el acuerdo europeo de desproteger a los refugiados que huyen del otro burka? ¿Dónde está su carta contra los desahucios que dejan a las familias a la intemperie? ¿Dónde está su carta contra la pobreza energética que congela a pensionistas? ¿Dónde está su carta contra la situación de los miles y miles de niños españoles en riesgo de exclusión social (uno de cada tres)?
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos de la Xunta acusados de prevaricación administrativa al retrasar la medicación a enfermos de hepatitis C alegando "razones presupuestarias".
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Se trata de la primera causa penal contra una administración pública que sale adelante en España por dilaciones en la prescripción del tratamiento de la hepatitis C.
El juez titular decidió abrir diligencias por prevaricación administrativa, aunque la fiscalía también presentó una denuncia en la que se acusa a los altos cargos de "homicidio por imprudencia profesional grave" por el fallecimiento de más de media docena de pacientes. El Ministerio Público considera que el actual gerente del Chuvi, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González Criado, eran los "responsables" de dar el visto bueno para que un paciente con hepatitis C pueda ser tratado con el fármaco que potencia las posibilidades de curar la enfermedad.
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Beatriz Figueroa es una abogada que tuvo la desgracia de contraer un cáncer y que tras comprobar cómo al no poder desempeñar su trabajo por causa de su enfermedad, el Estado ¿De bienestar? Pasaba olímpicamente de ella.... y de otros muchos ciudadanos en sus mismas o parecidas cicunstancias, decidió emprender una campaña de recogida de firmas y concienciación para que este estado de cosas cambiase. Y en ello está.....
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La protección económica, social y laboral para los enfermos de cáncer y otras enfermedades graves y crónicas que reclamamos a nuestros gobernantes, la Constitución del 78 no la considera un derecho sino un principio rector de la política social y económica.
"Político rico, enfermo pobre"
"Es un derecho que tengo y lo ejerzo", alegó sobre la ayuda que iba a recibir durante 4 meses con cargo al erario público el exdiputado por el Partido Popular de Pontevedra, Telmo Martín.
El derecho al que se refiere es a percibir la indemnización por cese de actividad que se regula en el Capítulo Tercero. Es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado, pero NO con un millonario patrimonio personal. El diputado por Pontevedra desde el 2011 declaró un patrimonio de 21,3 millones de euros entre acciones y bienes.
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Mariano Rajoy tiene dos varas de medir a la hora de reclamar responsabilidades políticas. Como presidente del Gobierno, ha tratado de zanjar esta semana el escándalo de las grabaciones a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, conspirando contra cargos políticos de la Generalitat de Cataluña e implicando a la Fiscalía en esas maniobras, con el argumento de que se trata de cuestiones propias de "sus competencias". Preguntado en las horas posteriores a la revelación del diario Público, Rajoy dijo primero que desconocía la información, luego dudó de su veracidad y finalmente alegó que no veía nada anormal en esas charlas en las que Fernández Díaz y el alto cargo de la Generalitat planeaban campañas contra dirigentes independentistas utilizando dossieres sobre sus familiares e investigaciones sin judicializar.
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La reacción del Partido Popular esta semana contrasta con el listón que este mismo partido y el propio Rajoy utiliza para exigir responsabilidades cuando ejerce de oposición. El propio Rajoy clamó muchas veces por la dimisión de ministros como Magdalena Álvarez, Pedro Solbes y Mariano Fernández Bermejo.
En este último caso fue especialmente obstinado, cuando se descubrió que el ministro de Interior de Zapatero había coincidido en una cacería durante 2009 con el magistrado Baltasar Garzón, que por entonces empezaba a investigar la trama Gurtel.
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Los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración pública están obligados a publicar la información relativa a sus bienes y patrimonio. Hasta 2013, solo los ministros y secretarios de Estado tenían que hacer pública esa información, mientras que el resto de altos cargos solo estaban obligados a presentar esos datos para el conocimiento de la Oficina de Conflicto de Intereses.
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia hizo extensiva la obligación de publicar sus declaraciones –al comienzo y en el cese del mandato– a todos los altos cargos, entre los que se encuentran los embajadores y representantes cuyo nombramiento se efectúa a través del Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el Gobierno introdujo una salvaguarda: no tendrían que publicar la declaración de bienes aquellos altos cargos –excepto miembros del Gobierno– que estuvieran en sus puestos antes del 1 de julio de 2013.
De esta manera, los ciudadanos no pueden conocer cuál era el patrimonio de los altos cargos que fueron nombrados antes de esa fecha y, por tanto, es imposible saber si se han enriquecido en sus puestos por mucho que publiquen sus datos patrimoniales cuando finalizan el mandato.
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http://internacional.elpais.com/interna ... 60426.htmlEl arrogante primer ministro de Turquía ha tenido que dar su brazo a torcer por primera vez en más de una década. Los escándalos de corrupción que han afectado a familiares de ministros y forzaron el miércoles el cambio de cerca de la mitad del Gobierno amenazaban este jueves con salpicar al propio Recep Tayyip Erdogan a través de una investigación a uno sus hijos.
"El objetivo principal de esta operación soy yo", ha reconocido el jefe de Gobierno a sus colaboradores más cercanos, según una información citada por el diario Millliyet. Cerca de un centenar de personas —incluidos los hijos de tres ministros, el alcalde del distrito de Fatih de Estambul y varios empresarios y banqueros vinculados al gubernamental Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP, en sus siglas en turco)— fueron detenidas el día 17 en una redada anticorrupción sin precedentes.
La respuesta de la formación política de Erdogan —que en sus campañas electorales se hace llamar Partido AK (limpio, en turco)— no tardó en llegar. Más de 500 agentes y mandos policiales, incluido el jefe provincial de Estambul, que intervinieron en la operación han sido destituidos o enviados a otros destinos desde entonces.
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http://internacional.elpais.com/interna ... 97843.htmlAdemás, hace dos días el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK, en sus siglas turcas) también relevó de sus puestos a 166 magistrados, incluyendo al fiscal que supervisaba la investigación sobre la supuesta corrupción en el Gobierno, por lo que analistas y partidos en la oposición entienden que el propio Ejecutivo ha motivado esta decisión del HSYK.
En total, más de 6.000 policías y cerca de 300 fiscales y jueces han sido relevados de sus puestos desde que el 17 de diciembre pasado se hiciera pública una gran investigación sobre supuesta corrupción en el Gobierno. Ese día, fueron detenidas decenas de personas cercanas al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, entre ellas los hijos de tres ministros, que posteriormente dimitieron, y el presidente de un banco de propiedad pública.
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http://www.hispantv.com/noticias/turqui ... ero-italiaBilal Erdogan, hijo del presidente turco, es investigado por la fiscalía de la ciudad italiana de Bolonia por el presunto delito de lavado de dinero posiblemente relacionado con la corrupción política.
La investigación abierta por el fiscal de Bolonia podría tener conexión con el escándalo de corrupción política del 2013, según indicó el miércoles el diario británico The Independent, que también señala que este proceso se debe a una denuncia presentada por un disidente del Gobierno turco.
El opositor y empresario turco Murat Hakan Uzan denunció oficialmente al hijo del presidente Recep Tayyip Erdogan, alegando que ingresó grandes cantidades de dinero a Italia en septiembre de 2015 para reciclarlo; a pesar de que Bilal alega que su estancia en la ciudad italiana junto a su familia se debe sus estudios de doctorado iniciados en 2007.
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http://www.elconfidencial.com/mundo/201 ... a_1194412/En las últimas semanas, las autoridades han vetado la entrada de varios periodistas extranjeros, de igual manera, al aterrizar en el aeropuerto. El caso más reciente, y que más atención ha recibido de los medios, es el del estadounidense David Lepeska que, tras pasar 20 horas en la sala de detención y no recibir ninguna explicación, decidió tomar un vuelo de vuelta a Chicago. El colaborador de The Guardian, Al Jazeera y Foreing Affairs, entre otros, residía en Turquía desde hacía tres años. Fuentes gubernamentales afirmaron que Lepeska no disponía de la tarjeta de prensa obligatoria y que trabajaba con un visado de turista. Por ello, dijeron, no se trataba de un asunto de libertad de prensa sino de procedimientos legales.
Pero no se trata de incidentes aislados. “Dos periodistas turcos condenados a dos años de cárcel”, “Una autora finlandesa deportada de Turquía por vínculos con terroristas”, “Académico británico en Turquía se enfrenta a 5 años de cárcel por propaganda terrorista”. Cada día, los periódicos del país anuncian un nuevo revés contra la libertad de expresión. Las voces disidentes de Turquía son ahora prueba para una acusación criminal. Periodistas turcos y extranjeros, profesores, columnistas, editores de canales de comunicación o escritores son investigados y detenidos del mismo modo que los miembros de una organización terrorista. Erdogan utiliza la 'lucha contra el terror' para silenciar a la oposición e implantar un sistema de gobierno cada vez más autoritario.
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http://www.hispantv.com/noticias/turqui ... alsificadoLa Presidencia de Recep Tayyip Erdogan podría perder su legitimidad, ya que según los medios de comunicación turcos, el dignatario falsificó su título universitario.
En una entrevista concedida el sábado a la agencia rusa de noticias Sputnik, el expresidente de la Asociación de Jueces y Fiscales Omer Faruk Eminagaoglu informó haber denunciado a Erdogan ante la Fiscalía de Ankara y el alto consejo electoral, mientras pidió una investigación judicial para comprobar la veracidad del título universitario del mandatario del país.
Añadió que en caso de que se comprueba que el mandatario no logró completar sus estudios de educación superior, su mandato es ilegítimo, ya que la Legislación otomana exige que el presidente tenga un título universitario.
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Vivimos en un mundo atenazado por el miedo a la ofensa de un chiste, una palabra o una idea, que antes pasaban por banales. El resultado es un nuevo y resbaladizo mecanismo de censura: la fiebre de la corrección política.
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