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Comunicaciones, Radioelectrónica, Antenas, Frecuencias, GMDSS, Costeras, Procedimientos,
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nura1999
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 58
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIADELEXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 20 de septiembre de 2000
Página
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
— Sobre mantenimiento del Centro de comunicación marítima de A Coruña. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000059.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330
— Sobre el desdoblamiento de la carretera N-232, entre Zaragoza y Burgo de Ebro. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000081.) . . . . . . . . . . . . . 1332
— Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas en los servicios postales de
Galicia tendentes a alcanzar los objetivos establecidos por la directiva 97/67/CE relativa a la
mejora de la calidad del Servicio Postal Universal. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000200.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334
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— Sobre paralización del estudio informativo «cierre norte de la V-30 (barranco del Carraixet)»,
provincia de Valencia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número
de expediente 161/000123.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338
— Por la que se insta al Gobierno a impulsar la ampliación de los horarios nocturnos de Renfe
en el área de cercanías de Barcelona, en coordinación con la autoridad del transporte metropolitano
(ATM). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente 161/000135.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341
— Sobre ampliación de los horarios de los trenes de cercanías de Barcelona. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000184.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342
— Sobre medidas para corregir los problemas ocasionados tras la implantación del sistema
mundial de socorro y seguridad marítima (SMSSM). Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/000012.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345
— Sobre elaboración de un plan de modernización de la red ferroviaria de Galicia. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000033.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
— Sobre el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad marítima en los barcos que
prestan su servicio entre puertos de las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000111.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356
— Sobre liberalización del suministro de carburante en los aeropuertos españoles. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000098.) . . . . . . . . . . . . . 1359
— Sobre el futuro de la Sociedad estatal para las enseñanzas aeronáuticas (Senasa), con especial
referencia a la escuela de formación de pilotos de Salamanca. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000083.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco
minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
— SOBRE MANTENIMIENTO DEL CENTRO
DE COMUNICACIÓN MARÍTIMO DE A
CORUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000059.)
El señor
PRESIDENTE: Se abre la sesión. Ya todos
conocen el orden del día, que es el debate y votación de
una serie de proposiciones no de ley. El orden será el
que figura en el escrito que tendrán delante, solamente
con dos modificaciones. La primera de ellas es que la
proposición que figura en el escrito en noveno lugar
pasará al segundo, y a partir de ahí correlativamente por
su orden. Y la segunda modificación es que la proposición
que figura en el orden del día con el número 10, y
que se refiere al Plan especial de ordenación de la zona
de servicio dependiente de la autoridad portuaria de
Castellón, decae porque ha fallecido el padre de la persona
que iba a intervenir. Naturalmente, ante esa eventualidad,
hoy no se debatirá esa proposición no de ley.
Así que comenzamos el orden del día por el debate
de la proposición no de ley sobre mantenimiento del
Centro de Comunicación Marítimo de ACoruña. Es del
Grupo Parlamentario Socialista, cuya portavoz tiene la
palabra.
La señora
MARÓN BELTRÁN: El Centro de
Comunicación Marítimo de Coruña, conocido como
Radio Costera, tiene múltiples y plurales funciones,
entre ellas, recibir las señales de socorro que emiten
todo tipo de embarcaciones, además de facilitar ayuda
a la navegación y servicios comerciales, como conferencias
entre tripulantes y sus familiares. Gracias a esa
valiosa labor de Radio Costera se han evitado gran cantidad
de accidentes y colaboró activamente en salvar
muchas vidas en unas costas tan hermosas como las
gallegas pero también tan golpeadas por naufragios y
desgraciados accidentes marítimos, que con frecuencia
sufre la gente del mar. El desmantelamiento del centro
ha creado mucha inquietud en toda la zona. En el
momento de presentar esta iniciativa trabajaban en
Radio Costera 27 operadores. Tres meses han transcu-
rrido nada más desde ese momento al día de la fecha y
quedan solamente 20 personas trabajando, ya que con
prejubilaciones y desvinculaciones a finales de año
todavía se reducirá mucho más. Por tanto, si no se
cubren las plazas, que parece son amortizables, y no se
incorporan nuevas tecnologías, realmente el centro
tiende a desaparecer.
Señorías, hay una cuestión clara, y es que el Centro
de Comunicación Marítimo se quedó sin las frecuencias
altas, que son las que más se utilizan. Hay que
habilitar nuevamente más frecuencias en la banda de 3
megaciclos, concretamente los técnicos citan la 3283 y
la 3280, que han sido anuladas. Y pediré algo que es
evidente: Radio Costera tiene que estar en la costa y no
en Madrid, donde está el centro físico y político y es
una gran capital, pero que yo sepa no tiene ni mar ni
barcos; realmente la comunicación marítima debe estar
en la costa. La política que se está llevando al cerrar los
centros periféricos supone reducción de frecuencias y
personal operativo y potenciar servicios centrales, que
saben además que no garantizan la seguridad ni la
comunicación, dejando incluso incomunicada en
muchas ocasiones a la flota de Gran Sol.
Con esta proposición no de ley el Grupo Socialista
pretende que el Gobierno mantenga un servicio tan
esencial como es el Centro de Comunicación Marítimo-
Terrestre de La Coruña, un servicio esencial para
garantizar la seguridad de la gente que faena en los distintos
caladeros y que con frecuencia sufre la dureza de
los fuertes envites del mar.
Pedimos, por tanto, en nuestra proposición no de ley,
que se mantenga el Centro de Comunicación Marítimo
de La Coruña, potenciándolo con recursos humanos,
con recursos tecnológicos que permitan dar tranquilidad
a la gente del mar y a la sociedad, ya que ha creado
muchísima inquietud y una gran sensibilidad social.
Por tanto, es algo muy sencillo apoyar esta iniciativa,
puesto que es un centro que ya existe y solamente había
que potenciarlo y seguir manteniéndolo.
El señor
PRESIDENTE: Tienen la palabra para
intervenir, si lo creyeran oportuno, los portavoces de
los distintos grupos, de mayor a menor. Reglamentariamente
no es así, pero parece ser que hay un acuerdo
para que sea en el sentido contrario; ha habido un
acuerdo previo a esta reunión y a esta legislatura, así es
que intervendrán de menor a mayor.
Tiene la palabra el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego.
El señor
AYMERICH CANO: Para anunciar nuestro
voto a favor de la proposición no de ley presentada
por el Grupo Socialista, pero también para enmarcar el
problema de Radio Costera de ACoruña en una problemática
más general, que es la caducidad el 26 de abril
de 2002, es decir, dentro de escasamente año y medio,
de la concesión a Telefónica, S.A. de los servicios de
comunicaciones previstos en el artículo 40 de la Ley
General de Telecomunicaciones. Lo que está haciendo
en este momento Telefónica —si mis informaciones no
fallan es la concesionaria del servicio— es, precisamente,
como acaba de exponer Carmen Marón, aprovechar
los alrededor de 500 millones que la Dirección
General de la Marina Mercante le paga anualmente
para prejubilar e ir liquidando poco a poco el servicio.
El problema se debe solucionar a través de un plan
que prepare la caducidad de esta concesión y que prepare
la situación posterior. Un plan en el que se contemple
la dotación a las torres de control de personal especialista
en logística y de personal especialista en comunicaciones,
que es precisamente lo que falta actualmente
y lo que cada vez falta más. En el caso concreto de A
Coruña existen tres transmisores y nunca hay más de
tres o cuatro personas simultáneamente atendiéndolos;
algunos de ellos (personal encargado de logística, capitanes
y pilotos de la Marina Mercante) carecen de los
conocimientos suficientes para mantener estas comunicaciones.
Y, por eso, ante las propias torres de control
en los últimos años estamos asistiendo a accidentes que
de otra forma serían inexplicables: en agosto de 1998 el
buque Diana María, enfrente de la torre de control de A
Coruña; en diciembre de 1998, el buque Friave en la ría
de Corcubión; el anterior delegado del Gobierno en
Galicia, el señor Diz Guedes se declaró sorprendido por
este accidente, que sucedió —dijo él— cuando precisamente
se acababa de dotar a esa zona de unos medios de
control y de prevención modernos; e incluso en agosto
del año 2000, en otras partes del Estado, en el estrecho
de Gibraltar, en Palma estamos asistiendo a otro tipo de
accidentes causados precisamente por este desmantelamiento
progresivo que se está acometiendo de estas
torres de control y de estos centros de Radio Costera.
En conclusión, y al margen de los problemas laborales
que los empleados puedan tener con Telefónica, el
asunto de fondo es la regulación adecuada de los servicios
de comunicación ligados a la seguridad marítima.
Parece que la logística y las comunicaciones deben
estar separadas operacionalmente: la primera en manos
de capitanes y pilotos de la Marina Mercante y las
segundas en manos de operadores radioelectrónicos o
personas en posesión de una titulación equivalente.
El señor
PRESIDENTE: Tiene la palabra, el portavoz
del Grupo Popular.
El señor
PÉREZ CORGOS: La verdad es que ante
proposiciones no de ley como la que hoy estamos debatiendo,
uno tiene la sensación de que se le pide que
haga de nuevo lo que ya ha hecho. Era aquello de la
película
Casablanca, cuando Rick, el protagonista,
pedía al pianista que la tocara otra vez. Porque lo cierto
es que los pedimientos de la proposición no de ley que
hoy debatimos están ya perfectamente cumplidos. Otra
cosa es que a través de la exposición de motivos (y yo
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sé que lo que vamos a votar no va a ser la exposición
de motivos) se hagan otra serie de consideraciones.
Efectivamente, este servicio de radio y comunicaciones,
la Radio Costera, estaba encomendado a la compañía
Telefónica. Y hemos visto aquí una defensa de esta
compañía, una defensa sorprendente. Sorprendente
además porque es desconocer el contenido de la Ley
General de Telecomunicaciones que aprobamos el año
1998 y desconocer el contenido del derecho transitorio
que acompaña a esa ley. Como consecuencia de ese
derecho transitorio, todos sabemos que este servicio
sigue encomendado al antiguo operador, a la compañía
Telefónica, durante un periodo de cuatro años, como se
ha dicho aquí, hasta abril del año 2002; pero la competencia
es de la Dirección General de la Marina Mercante.
¿Y qué se ha hecho a lo largo de estos años? A lo
largo de estos años se han suscrito los convenios internacionales
y las modificaciones de esos convenios
internacionales, en concreto del denominado Convenio
Solas y su modificación, que ha dado lugar a lo que se
denomina el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos. Se han incorporado, como era un compromiso
del Estado español, los correspondientes subsistemas.
Y así, en el año 1992, y es un simple ejemplo, se
dotó a los buques de más de trescientas tonelada de la
baliza satelitaria de 406 megaherzios. El paso más
importante en este proceso ha sido el que se ha dado en
el año 1998, recordemos que ya gobernaba el Partido
Popular y, por lo tanto las cosas se empezaron a tomar
en serio. Como consecuencia de ello la Dirección
General de la Marina Mercante contrató el equipamiento
necesario para dotar a las estaciones costeras españolas
de facilidades de escucha y transmisión y del
Canal 70 de VHF y la frecuencia 2.187,5 kiloherzios
de onda media. Así, desde febrero de 1999 se dispone
ya de cobertura de comunicaciones en las zonas A-1 y
A-2, correspondientes a lo que establece el Convenio
Solas. Por lo tanto, nos reiteramos en los medios de
comunicación que puede poner Telefónica. He de
recordar (yo no voy a negar los méritos de la radio;
Marconi para mí es un personaje absolutamente respetable
y que tiene un gran mérito) que ampararnos en la
arqueología de la radiodifusión no nos lleva a nada.
Para concluir, señorías, vamos a votar en contra. Y
he de decirle a la señora Marón, como antes recordaba
la película
Casablanca, que no siempre nos quedará
París, pero que para la arqueología siempre nos quedará
al menos el Castro de Elviña.
El señor
PRESIDENTE: Damos por finalizado el
debate de esta primera proposición no de ley.


— SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LOS
PROBLEMAS OCASIONADOS TRAS LA
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
(SMSSM). (Número de expediente 161/000012.)
El señor
PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente
proposición, sobre medidas para corregir los problemas
ocasionados tras la implantación del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítima. El grupo proponente
es el Grupo Mixto. Señor Aymerich.
El señor
AYMERICH CANO: La proposición no
de ley que voy a presentar se funda en dos tipos de consideraciones.
(El señor vicepresidente, Torres Sahuquillo,
ocupa la Presidencia)
. En primer lugar consideraciones
técnicas, y sobre todo consideraciones de
seguridad de la vida humana en el mar; pero también,
en segundo lugar, en consideraciones humanitarias,
humanas, que se refieren a la difícil situación que está
atravesando un colectivo profesional, el de operadores
radioelectrónicos, un colectivo muy capacitado pero
que, dada su edad, tienen unas especiales dificultades
para encontrar un puesto de trabajo en tierra.
El origen de la situación que atraviesa este colectivo,
y quizás también el origen de que en los últimos años
se hayan más que duplicado los siniestros marítimos en
Galicia, pero también en el resto de las costas del Estado
español, puede encontrarse en la deficiente trasposición,
la deficiente integración en el ordenamiento interno
español del convenio Solas, el convenio para la
protección de la vida humana en el mar.
La regla 16 de este convenio Solas establece, tal y
como la interpreta el Gobierno español, tal y como la
interpreta la Administración española, que la Administración
determinará cuál de los diferentes títulos profesionales
recogidos en el convenio internacional de telecomunicaciones
del año 1987 es suficiente para
mantener comunicaciones de emergencia y comunicaciones
de socorro. Lo que sucede es que lo que en este
convenio Solas se establece como una facultad de elección
de la Administración elegir de entre las tres posibilidades
dos de ellas. Incluso se dice al inicio de la
regla 5 del convenio solas que los gobiernos estiman
sumamente deseable no apartarse de las reglas 3 y 4 del
presente capítulo, que hacen referencia a la instalación
de una estación radiotelegráfica y a la instalación de
una estación radiotelefónica. Tal y como lo viene interpretando
la Administración española desde hace tiempo,
se entiende que las cuestiones relativas a las comunicaciones
marítimas, a las comunicaciones de socorro
en los buques, quedan suficientemente cubiertas con lo
que se entiende un operador general del sistema
SMSSM, es decir, una persona que haya realizado un
cursillo de 50 horas de este sistema. De esta forma se
está poniendo en grave peligro la vida de los marineros,
se están corriendo graves riesgos que se materializan,
como ya he dicho, en numerosos y un número de
ellos escandaloso de accidentes marítimos, pero también
se coloca al colectivo de radioelectrónicos en una
situación de desempleo forzoso debido a la deficiente
trasposición por parte de la Administración española de
estos dos convenios internacionales, el reglamento
internacional de Radiocomunicaciones y el convenio
Solas, ratificados por España.
Nuestra proposición no de ley insta al Gobierno a
adoptar las medidas normativas necesarias para garantizar
el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en este
convenio internacional de protección de la vida humana
en el mar y en el reglamento internacional de radiocomunicaciones
para solucionar los problemas concretos
del colectivo, reconocer a los oficiales radioelectrónicos
afectados como periodo de alta en el régimen especial
de trabajadores del mar de la Seguridad Social y efectivamente
cotizado el tiempo transcurrido entre la finalización
de su último embarque y el de su incorporación
al mundo laboral o el de su jubilación o prejubilación,
aplicando el coeficiente reductor máximo establecido
en la legislación vigente, el del cien por cien; facilitar la
jubilación o prejubilación de quienes puedan acogerse a
ella, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior;
y, desde luego, llevar a cabo cursos de readaptación de
los afectados, cursos que en fecha 4 de noviembre de
1999 las asociaciones profesionales presentaron al Instituto
Social de la Marina y a la Dirección General de la
Marina Mercante como alternativa para aquellos que no
quisiesen jubilarse o prejubilarse. Hay que decir que
esos cursos recibieron el visto bueno del Instituto Social
de la Marina y su efectividad queda únicamente pendiente
—lo que pasa es que debe estar durmiendo no
sabe en qué archivo o en qué cajón de la dependencia
oficial— de que los participantes fuesen retribuidos con
una cantidad igual a la que les correspondería por
desempleo. Y, finalmente, se insta también al Gobierno
a regular que como dotación necesaria en los buques
mercantes españoles se prevean los puestos necesarios
para garantizar eficazmente la seguridad de la vida
humana en el mar, obligación que la disposición transitoria
novena de la vigente Ley General de Telecomunicaciones
encomienda a la Dirección General de la Marina
Mercante para ser cumplida antes del 26 de abril de
2002. Desde nuestro punto de vista, estos puestos debe-
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rían ser cubiertos en primera preferencia por oficiales
radioelectrónicos.
Quiero hacer finalmente un llamamiento al grupo del
Partido Popular; sé que parece que hay un informe
negativo de la Administración, que ve la situación de
este colectivo con simpatía, pero desde luego los oficiales
radioelectrónicos necesitan algo más que simpatía
o algo más que un apoyo moral, porque estamos
hablando no sólo de una obligación moral, que también
existe, sino, desde mi punto de vista, de una obligación
jurídica: el Estado incurre en responsabilidad para con
un colectivo, debido precisamente a esa deficiente trasposición
y debido a que como consecuencia de una
actuación y de muchas omisiones administrativas se les
ha colocado en una situación de paro forzoso que es
urgente corregir. Quiero hacer referencia a que, por
ejemplo, muchas de esas personas han agotado ya la
ayuda familiar, es decir, no tienen en este momento
ningún ingreso, pues estamos hablando de personas de
más de 50 años, con cargas familiares, en una situación
francamente muy difícil.
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Turno de fijación de posición. ¿Grupos que desean
intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Segura.
El señor
SEGURACLAVELL: Esta proposición no
de ley del Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Socialista
la ve con simpatía y además la enmarca en un
planteamiento que ha venido defendiendo este grupo
parlamentario tanto en la pasada legislatura como en la
presente.
Hace muy pocas fechas que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó ante la Cámara una proposición no
de ley acerca de la siniestralidad marítima. La siniestralidad
marítima en aguas de competencia del Gobierno
español se ha incrementado en los últimos meses de
forma espectacular. De ahí que hayamos planteado la
necesidad de un importante debate con el ministro en
Comisión, y decimos importante porque estamos
hablando de la vida en la mar, estamos hablando de la
vida de los tripulantes, estamos hablando también de la
contaminación marítima, estamos hablando de la vida
de los pasajeros.
Según datos del Ministerio de Fomento, el año pasado
se produjeron 2.565 emergencias en aguas bajo tutela
de la responsabilidad de la Administración marítima
española. Está claro que el número de siniestros no ha
sido sólo los que recogen los libros oficiales del Ministerio
de Fomento, porque también hay ámbitos competenciales,
como el vinculado a la Armada o como el
vinculado al Servicio de Vigilancia Aduanera o como
el vinculado a algunas comunidades autónomas con
competencia en materia reguladora de transporte marítimo,
como ocurre en Baleares, como ocurre en Cataluña,
como ocurre en Andalucía o como ocurre en la
Comunidad de Canarias, que no están recogidos dentro
de esa estadística oficial. En esas emergencias, que oficialmente
tiene recogidas el Ministerio de Fomento,
5.562 personas se han visto afectadas y lamentablemente
más de 200 personas han perdido la vida como
consecuencia de esas emergencias.
No podemos olvidar que España es un país netamente
ribereño, con 28 puertos de interés general y con una
serie de rutas marítimas que surcan, digamos, nuestras
aguas, con barcos que hacen tráfico de cabotaje de
pasajeros y mercancías entre distintos puertos de interés
general del Estado español, que convierten rutas
como las del estrecho de Gibraltar o Finisterre en rutas
de mayor densidad de tráfico del mundo. Y sin embargo,
en contra de lo que se dijo en el punto primero de la
primera proposición no de ley que se ha debatido hoy
en esta Comisión de Infraestructuras, y en contra de lo
que dijo el interviniente del Grupo Parlamentario
Popular, la llegada del Gobierno del Partido Popular a
responsabilidades en estas materias ha supuesto un
drástico y permanente perjuicio para la seguridad de
las vidas en la mar. Y lo argumentaremos en el debate
pertinente, debate que esperemos que no rehuya el
ministro de Fomento. Porque, señorías, debemos tener
presente de forma muy clara que el vigente Plan nacional
de salvamento marítimo, ejecutado bajo la competencia
de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo,
es un plan diseñado exclusivamente desde la óptica
economicista, desde una óptica de reducción de empleos
y de reducción de costes. El vigente Plan nacional
de salvamento marítimo redujo a la mitad el número de
remolcadores de altura, se planteó reducir de forma
drástica el número de oficiales radiotelegrafistas a
bordo de nuestros buques, y se planteó también de
forma drástica reducir el número de estaciones costeras.
Y, señorías, no es un tema baladí el que ha planteado
el Grupo Parlamentario Mixto a través de la iniciativa
del Bloque Nacionalista Galego, es un tema de
mucha importancia en el Estado español. La aplicación
del convenio internacional Solas implicaba una serie
de normas y posibilitaba a todos los gobiernos que suscribieron
ese convenio internacional la adopción progresiva
y paulatina, cadencialmente en el tiempo, de
unas medidas que en España se han aplicado de forma
radical. La primera medida que la Dirección General
de Marina Mercante ha posibilitado ha sido la drástica
reducción en el número de oficiales radiotelegrafistas.
¿Y a quién ha beneficiado esto? Ha beneficiado a la
empresa armadora, ha beneficiado al armador, que en
un planteamiento de reducción de costes ha reducido el
número de oficiales a bordo de nuestros buques, y se
ha incrementado el número de siniestros. Y el Grupo
Parlamentario Socialista en esta intervención y en otras
que tendrán lugar en esta Comisión lo va a demostrar.
Hoy no existen en los puentes de nuestros barcos oficiales
radiotelegrafistas. ¿Se ha beneficiado la navegabilidad,
la seguridad en la mar? En absoluto. ¿Qué es lo
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ONGRESO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000.–NÚM. 58
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que ha ocurrido? Se ha implementado un sistema automático
del que aquí se ha hecho un canto, sobre todo
en la primera proposición no de ley, en la intervención
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, un
canto al automatismo. Pues les voy a dar un dato del
que este interviniente por el Grupo Parlamentario
Socialista se responsabiliza. Miren, señorías, el año
pasado, según datos oficiales, según estadísticas oficiales
dimanadas de la Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo, se ha puesto de manifiesto que la aplicación
del sistema Solas, con los sistemas automáticos de
navegabilidad marítima en conexión con tierra incorporados
a bordo de los barcos, sin atención de personal
a bordo especializado, ha traído consigo 500 señales de
socorro automáticas, es decir, desde barcos de transporte
de pasajeros, de mercancías peligrosas, en fin,
buques roll-on dedicados al tráfico de mercancía o de
carga rodada en el tráfico del Estrecho, en Finisterre,
en las rutas Canarias-Península, Almería-Nador..., en
fin, en todas las rutas de interés público del Estado
español se han producido 500 alarmas; el sistema de
automatismo en tierra se disparó en 500 ocasiones, de
las cuales solamente 10 correspondieron a emergencias
reales, 490 fueron falsas alarmas, y ello supuso poner
en marcha todos los mecanismos de apoyo a las embarcaciones,
dar instrucciones a los buques que se encontraban
en las inmediaciones de esos barcos en situación
de potencial riesgo de siniestro, pues se tuvieron que
transformar rutas; en fin, eso suponía un caos terrible.
Es decir, sólo el 2 por ciento de fiabilidad en las emergencias
producidas han respondido a emergencias reales.
Quiero recordar que dos
ferries de la Compañía
Trasmediterránea colisionaron en el estrecho, que está
sometido a investigación, que murieron ocho personas
y pudo haber sido una catástrofe de colosales dimensiones.
Eso fue en los primeros días del mes de agosto.
Y otras muchas emergencias.
De ahí, señorías, que a nosotros nos preocupe extraordinariamente
la situación de indefensión. Y no es
alarma facilona la que este interviniente socialista está
lanzando. Hay una situación, y además lo podemos
demostrar, de descenso en la seguridad en la navegación
marítima que las Cortes Generales españolas tienen
la obligación de acometer. De aquí que si bien es
cierto que el Bloque Nacionalista Galego presenta una
propuesta de resolución con muchas componentes de
naturaleza, digamos, laborales de un colectivo que se
ha visto sin trabajo, y que es una componente, nosotros
la vemos como una componente más de un problema
de mucho calado.
Por ello, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y la
vamos a votar a favor, sin duda alguna. Esto no es sólo
un tema laboral de los oficiales radiotelegrafistas de la
marina mercante española, que después de 30 años de
ejercicio han visto que los armadores les han puesto de
patitas en la calle, y utilizo esta terminología coloquial.
No, no es sólo ese tema. El tema es de mucho calado.
El tema es que la implementación, y con ello termino,
señor presidente, la implementación de la nueva tecnología,
que curiosamente un país del que nadie dudará
que no está en las cavernas tecnológicas, como los
Estados Unidos, los Estados Unidos, qué curioso, no
ha implementado aún el sistema Solas, se ha planteado
irlo aplicando poco a poco en sus buques a lo largo de
los diez años próximos. Esto nos debería llevar a pensar
que España no tiene un sistema de protección a la
navegación marítima tan espectacular como para de
forma drástica y radical, aplicar, sin que haya una
cadencia temporal, los preceptos y los mandatos del
sistema Solas. De ahí que nosotros, no nos neguemos a
que se vaya implementando por cuanto estaba recogido
así ya en los convenios internacionales suscritos a lo
largo de la década de los noventa por el Gobierno español,
por anteriores gobiernos socialistas; naturalmente
no nos negamos, pero hay que irlo implantando gradualmente,
de forma que la compatibilidad del ejercicio
del control a bordo por parte de los oficiales radiotelegrafistas
y las nuevas tecnologías que se
implementen se vayan disminuyendo gradualmente
unas e incrementando las otras de forma progresiva.
El punto primero lo hemos visto, el punto primero
del proyecto de resolución del Bloque Nacionalista
Galego en esta proposición no de ley, en el que plantea
adoptar las medidas normativas necesarias para garantizar
el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el
convenio internacional sobre la protección de la vida
humana en el mar y en el reglamento internacional de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, es una resolución que nosotros
siempre hemos defendido, es rotundamente apoyable y
es el corazón de esta iniciativa.
Los restantes puntos también los apoyamos y así se
lo hemos manifestado al colectivo de oficiales radiotelegrafistas
que se han entrevistado con el grupo parlamentario.
Creemos que si el Grupo Parlamentario
Popular apoya esta iniciativa, dado que es el grupo
mayoritario en la Cámara, estaremos haciendo no sólo
un servicio a 70 ó 120 radiotelegrafistas que están en
paro —no es sólo un tema de naturaleza laboral—, sino
que estaremos haciendo un servicio a la navegabilidad
en nuestras costas, a la navegabilidad de nuestra flota
mercante y a la seguridad de los ciudadanos que utilizan
esos medios de transporte.
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Señor Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene usted la palabra.
El señor
JIMÉNEZ SUÁREZ: Se ha querido con la
última intervención trasladar esto a un debate de otro
tipo, que yo entiendo, con todos los respetos, que es
deformar los hechos para alarmar innecesariamente.
Pero lo que nos trae aquí ahora, es el desempleo de
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unas personas con nombre y apellido. Ypara eso el Partido
Popular es muy sensible...
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Señor Jiménez, perdón, tiene usted muy alejado el
micro y me están señalando que probablemente no se
está grabando bien lo que usted dice. Le ruego que se
aproxime el micro más para que pueda grabarse perfectamente
lo que dice. Tiene usted la palabra.
El señor
JIMÉNEZ SUÁREZ: Decía que el Partido
Popular entiende y asume que es un asunto muy importante,
porque estamos hablando del empleo de personas
con nombre y apellidos, y eso no es retórica pero el
Partido Popular viene demostrando y diciendo que su
política social es la política del empleo y lo pone en el
pórtico de sus intervenciones y de todas sus actuaciones
económicas y políticas. Pero la singularidad y la
concreción del problema hace que entienda el Partido
Popular que la vía parlamentaria probablemente no sea
el camino más adecuado. Y en este sentido desde ahora
ya anuncia que no va a apoyar la proposición no de ley,
no sin antes explicar el porqué. Y antes también nos
gustaría, en el pórtico de esta intervención, decir que
no nos parece adecuado, aunque cada uno es dueño de
llevar el discurso donde quiera, trasladar un debate
muy concreto, que se trata del empleo de unas personas
con nombre y apellidos, a un problema del salvamento
marítimo, deformando determinadas actuaciones. Y a
mí me gustaría también, aunque el representante del
Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, lo ha
hecho muy bien, volver a recordar de qué hablamos.
Hace una década se implantó el sistema mundial de
socorro y seguridad marítima, hace una década. Hace
menos, pero también en la última década, España suscribió
la modificación del convenio internacional para
la protección de la vida humana en el mar. También en
esta última década España asumió la modificación del
artículo 56 del convenio internacional de telecomunicaciones.
Todo ello tiene un seguimiento por la Organización
Marítima Internacional. Es decir, estamos
hablando de temas que trascienden el ámbito del Estado.
Como consecuencia de esa homologación a nivel
internacional, un número determinado —no son 120,
sino 70 u 80— de oficiales radiotelegrafistas se quedaron
en situación de desempleo, y después de pasar por
todas las atenciones de la ley ahora están en una situación
precaria, y desde luego debemos, y es la obligación
de la Administración, atender las necesidades de
unas personas concretas, máxime al ser desempleados
de más de 45 años. Pero no mezclemos la seguridad en
el mar, que es otro discurso, con otras circunstancias y
otros hechos que no conviene deformar, porque yo sí
que entiendo que podría ser un alarmismo innecesario.
El Partido Popular quiere dejar constancia de que
tanto la Dirección General de la Marina Mercante
como el Instituto Social de la Marina, la Dirección
General de Trabajo y la Dirección General de Comunicaciones,
en los últimos tiempos están intentando resolver
el problema de estas personas. A los representantes
del Bloque Nacionalista Gallego les constan —porque
en los últimos meses y en los últimos años han hecho
muchas preguntas al respecto y se han ocupado mucho
del tema, ocupación que les honra— los esfuerzos que
hace la Dirección General de la Marina Mercante, el
Instituto Social de la Marina, la Dirección General de
Trabajo y la Dirección General de Comunicaciones por
resolver un problema que tiene nombre y apellidos. Y
por eso, dada la sensibilidad del tema, no se le ha dado
la espalda y por el contrario se está intentando resolver
el problema, y sabe que algunos han encontrado acomodo
en el Servicio de Salvamento Marítimo y que
algunos encontrarán acomodo, de acuerdo con la legislación
que intenta dar trabajo prioritariamente a todas
las personas que tienen más de 45 años, como una
norma general.
Respecto a las proposiciones concretas que hace la
proposición no de ley, voy a explicar sencillamente por
qué entendemos que no es el camino la vía parlamentaria.
Respecto a la primera, a adoptar medidas dentro de
los convenios internacionales, entendemos que todas
las medidas están tomadas, máxime después del último
concurso, en el que se implantaron los sistemas de balizas
en las redes costeras, y que no es competencia del
Gobierno imponer la cualificación profesional del personal
de radiocomunicaciones de los buques, máxime
con la liberalización del sector, las banderas de conveniencia
y los registros especiales de buques. Entendemos
que el Gobierno, en consonancia con su filosofía,
debe preocuparse por el empleo, pero ojo con intentar
imponer determinadas cualificaciones profesionales a
colectivos, que hay otros colectivos que pueden hacer
lo mismo. Por eso entiende que nuevas medidas no y
que todas están dentro del ámbito internacional, cuyo
seguimiento lo hace la Organización Marítima Internacional,
y aquí no tenemos ninguna constancia de
incumplimientos por parte del Gobierno español.
Respecto a la segunda, dar de alta a este personal,
todos sabemos, y aquí yo invito a la responsabilidad,
que la ley asocia el alta a la prestación efectiva de servicios,
o sea, que pique, y así lo saben también los que
han intervenido, que la Orden de 18 de julio permite
unos convenios especiales con aportación de los interesados
que dan opción a un alta asimilada. Pero saben
que la normativa vigente no permite dar de alta sin una
prestación especial del servicio. Sin embargo, existe
una orden mediante la que, con unos convenios especiales,
con aportación de los interesados, se admite un
alta asimilada, que también permitiría acceder a lo que
dice el punto 3: una jubilación anticipada. Tampoco
podemos hablar de jubilación anticipada si no existe el
alta o la vinculación con la Seguridad Social. De ahí
que los puntos 2 y 3 tropiecen con determinadas dificultades
normativas, que harían aplicar un trato espe-
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cial a un problema general o, lo que es lo mismo, un
trato diferente a un problema entre iguales.
Respecto al punto 4, sobre hacer cursos, también
sabe el proponente que tanto el Instituto Social de la
Marina como la Dirección General de Trabajo, como
es su obligación, están intentado por todos los medios
proponer cursos de instalaciones de energías alternativas,
de formación del sistema de seguridad y socorro
en el mar, de sistemas de telecomunicaciones, de instalador
de telecomunicaciones, para procurar la reinserción
laboral de este colectivo. Esto sigue abierto y el
Real Decreto 236/2000, que regula el programa de cursos
para este año para desempleados de más de 45 años,
específicamente tiene previstos cursos de este tipo, que
los llevarán a cabo la Dirección General de Trabajo y el
Instituto Social de la Marina.
Y por último, el punto 5 dice que la disposición transitoria
novena de la Ley de telecomunicaciones se
refiere a operadores. Es cierto que la disposición transitoria
novena de la Ley de telecomunicaciones
de 1998, en relación con los operadores que debe tener
la Dirección General de la Marina Mercante para las
telecomunicaciones, trata de unos operadores o entidades,
pero se refiere a un operador que lo fuera ya, y la
disposición transitoria lo que dice es que quien venía
prestando ese servicio, lo siga prestando. Eso ya se
habló en el punto 1, y era Telefónica; pero se refiere a
una entidad que hacía las operaciones de telecomunicaciones
y no a las dotaciones necesarias en buques.
Por todo ello, el Grupo Popular reiterando que estamos
ante un problema importante porque hablamos de
personas y que probablemente el que sea concreto,
individual y singular hace que el mejor camino no sea
la vía parlamentaria, sí ha querido dejar constancia de
la preocupación de los distintos servicios del Gobierno
y de la Administración por resolver el problema por las
vías y los mecanismos adaptados a la importancia y a
la singularidad y a la concreción del tema. Pero entiende
que la vía parlamentaria, siendo un camino respetable,
no es el más adecuado por todo lo expuesto y, en
este sentido, no va a apoyar la proposición no de ley.
(El señorAymerich Cano pide la palabra.)
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
¿Señor Aymerich, a efectos de? ¿Solicita un segundo
turno?
(Asentimiento.) Vamos a ver, señor Aymerich,
permítame. Lo que el Reglamento estipula en las comisiones
es que hay un solo turno y sólo con carácter
excepcional y cuando a juicio del presidente se considere
que no ha quedado suficientemente aclarado un debate,
puede darse un segundo. Quiero hacerles constar que
salvo alusiones, si las hubiera, que no las ha habido, esto
sería siempre una situación excepcional. Así que, señor
Aymerich, si usted puede evitar hacer un segundo turno,
se lo ruego, para no crear precedentes que conviertan el
segundo turno en algo habitual. No quiero privarle de
que usted pueda decir lo que quiera decir, pero quiero
que entienda también que el Reglamento es bastante
estricto en este asunto. ¿Cree usted que por algo de lo
que ha dicho el portavoz del Grupo Popular no ha quedado
claro lo que usted ha querido exponer? Tiene un
minuto, señor Aymerich, un minuto, por favor.
El señor
AYMERICH CANO: Efectivamente, ha
quedado muy claro lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Popular. Lo que no queda claro ni creo que los
miembros de la Comisión ni los afectados entiendan es
que esta materia no sea de competencia parlamentaria.
Para eso están iniciativas distintas a las proposiciones
de ley, que tienen como objetivo precisamente impulsar
o mover al Gobierno a realizar una actuación determinada,
como es en este caso el beneficio no sólo de
un colectivo, el colectivo de operadores radioelectrónicos
y radiotelegráficos, sino también de la propia seguridad
de la vida humana en el mar. Simplemente.
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Señor Segura y señor Jiménez, tienen ustedes derecho
también a un minuto si desean utilizarlo. Señor Segura,
¿desea utilizar un minuto? Tiene la palabra.
El señor
SEGURA CLAVELL: Miren, señorías,
reiterar que no se trata exclusivamente de un problema
de un grupo de profesionales. Aquí ha habido una realidad
en el Estado español: estos profesionales están en
paro como consecuencia de que la Dirección General
de la Marina Mercante ha autorizado a los armadores a
que de aquellos tres tipos de oficiales que van a bordo
de los buques con responsabilidades, los oficiales de
máquinas, los oficiales de puente y los oficiales radiotelegrafistas,
sencillamente se ha eliminado a uno de
los oficiales a bordo de los buques, los oficiales radiotelegrafistas
como consecuencia de la incorporación de
nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías se deben
ir implementando gradualmente en el tiempo y gradualmente
disminuyendo el número de oficiales radiotelegrafistas,
pero no de la forma radical como se hizo
hace tres años, o hace unos cuantos años más, por parte
de los armadores españoles, a los que se les ha beneficiado
mucho, por ejemplo, con el segundo Registro de
Buques del Estado español. En consecuencia, el mal
funcionamiento de los sistemas automáticos nuevos ha
traído consigo el elevado número de siniestros, su crecimiento
y la disminución del grado de seguridad. Por
eso vemos nosotros la proposición no de ley con una
perspectiva global.
El señor
VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Señor Jiménez, tiene usted la palabra también por un
minuto, por favor.
El señor
JIMÉNEZ SUÁREZ: Se han puesto en mi
boca palabras que yo no he dicho. Yo no he hablado de
competencias, he dicho que el Partido Popular entiende
que la sede parlamentaria no era la vía más oportuna en
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estos momentos en las circunstancias en que estaban
unas personas, oficiales radiotelegrafistas, en desempleo;
que existían otros caminos que la Administración
ya está abordando. No es posible que el Parlamento se
dedique a resolver todos los problemas de desempleo
que se generan en el país por colectivos singulares.
Creo que es competencia del Parlamento, pero que
también tiene otras competencias de más altura.

Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
Nota.—El presente «Diario de Sesiones», de la
Comisión de Infraestructuras, del miércoles, 20 de septiembre
de 2000, no guarda la relación cronológica
habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.
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